El gobierno argentino, liderado por Javier Milei, ha intensificado los ajustes fiscales en 2025 con el objetivo de cumplir con las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el superávit fiscal acumulado en el primer cuatrimestre del año alcanzó los $5,9 billones, un 59,9% superior al registrado en el mismo período de 2024.

Entre las medidas más destacadas se encuentra la reducción del 70% en los subsidios energéticos en abril de 2025 en comparación con el mismo mes del año anterior. Además, la obra pública experimentó un recorte del 63%, mientras que los salarios públicos cayeron un 13%. Estas reducciones forman parte de un plan más amplio que busca disminuir el déficit fiscal y alcanzar un superávit primario del 1,6% del PBI para finales de 2025.

El ajuste también ha implicado un aumento en la presión tributaria, especialmente a través del impuesto a las ganancias, que ha afectado principalmente a asalariados y jubilados. Según el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (Ipypp), esta estructura tributaria es "regresiva y concentrada", ya que el 80% de la recaudación proviene del IVA, aportes a la seguridad social y el impuesto a las ganancias.

Por otro lado, las tarifas de electricidad y gas han registrado incrementos significativos desde diciembre de 2023, con subas del 264% y 622% respectivamente. Estas medidas han generado preocupación entre los sectores más vulnerables, aunque el gobierno ha asegurado que mantendrá subsidios para los hogares de menores ingresos.

El contexto internacional también juega un papel clave en estas decisiones. El FMI ha proyectado que el gasto en subsidios energéticos caerá del 1,1% del PBI en 2024 al 0,5% en 2025, como parte de los compromisos asumidos por el gobierno argentino. Sin embargo, algunos analistas advierten sobre el impacto social de estas políticas, especialmente en un contexto de alta inflación y recesión económica.

A pesar de las críticas, el gobierno sostiene que estas medidas son necesarias para estabilizar la economía y cumplir con las metas fiscales. "El ajuste fiscal es un paso imprescindible para garantizar la sostenibilidad económica del país", afirmó una fuente oficial. Sin embargo, el debate sobre los costos sociales de estas políticas continúa abierto, con sectores que exigen una mayor equidad en la distribución de los esfuerzos fiscales.