El Gobierno argentino anunció una serie de aumentos en tarifas de servicios esenciales que comenzarán a regir a partir de junio de 2025. Las medidas incluyen incrementos en luz, gas, agua y combustibles, con el objetivo de reducir subsidios y equilibrar las cuentas fiscales.

Las tarifas de electricidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) subirán un promedio de 2,6%, mientras que las de gas natural tendrán un aumento de hasta 2,8%, dependiendo de la región. Por su parte, el servicio de agua en el AMBA, operado por AySA, tendrá un incremento del 1%. Estos ajustes fueron oficializados mediante las resoluciones 226/2025 y 228/2025 de la Secretaría de Energía.

En el caso de los combustibles, los impuestos a la nafta y el gasoil aumentarán un 1%, lo que impactará directamente en los precios finales en los surtidores. Según estimaciones oficiales, esta medida busca recuperar parte de la recaudación perdida por subsidios, equivalente a unos 200 millones de dólares mensuales.

El Gobierno también decidió mantener la política de actualización mensual de tarifas de AySA, con un incremento del 1% hasta que se convoque a una audiencia pública. Este año, AySA logró un superávit operativo por primera vez en 17 años, gracias a los aumentos tarifarios aplicados en 2024 y la reducción de personal.

Los hogares del AMBA clasificados como de ingresos altos pagarán $27.617 por agua y cloacas en junio, mientras que los de ingresos medios y bajos abonarán $25.081 y $20.153, respectivamente. En cuanto a la electricidad, los usuarios de mayores ingresos seguirán recibiendo subsidios que cubren el 26% del costo mayorista.

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió estas medidas como necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema energético y avanzar hacia una política de subsidios más focalizada. Sin embargo, sectores sociales y analistas económicos han expresado preocupación por el impacto de estos aumentos en el costo de vida, especialmente en invierno.

El Gobierno espera que estas medidas contribuyan a una desaceleración de la inflación mensual, proyectada en torno al 1,5%. No obstante, el ajuste fiscal y la reducción de subsidios continúan siendo temas de debate en el ámbito político y social.

En paralelo, se anunció que las tarifas de transporte y distribución de electricidad se actualizarán mensualmente hasta marzo de 2030, utilizando una fórmula de indexación vinculada a la inflación pasada. Este esquema busca garantizar la transparencia y sostenibilidad del sistema energético.

Con estas medidas, el Gobierno reafirma su compromiso con la reducción del déficit fiscal y la estabilización económica, aunque enfrenta críticas por el impacto en los hogares y la economía doméstica.