El Tribunal Penal N°1 de Posadas, Misiones, condenó al exdiputado provincial Germán Kiczka a 14 años de prisión y a su hermano Sebastián a 12 años por los delitos de tenencia, facilitación y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI). Este fallo, considerado histórico, se basó en pruebas contundentes que incluyeron más de 600 archivos encontrados en dispositivos electrónicos.

La investigación comenzó en enero de 2024 tras un reporte internacional de la Coalición de Rescate Infantil (CRC), que identificó direcciones IP vinculadas a los acusados. Durante el juicio, los fiscales Martín Rau y Vladimir Glinka presentaron un extenso alegato que destacó la gravedad de los delitos y el impacto de las pruebas. "El cuco está en la red y son personas que hacen este tipo de cuestiones", afirmó el fiscal Rau en su exposición.

Germán Kiczka, quien fue desaforado y expulsado de la Legislatura de Misiones en 2024, alegó ser víctima de una persecución política. Sin embargo, el tribunal rechazó esta defensa, señalando que las pruebas eran irrefutables. Por su parte, Sebastián Kiczka admitió haber descargado el material, aunque su defensa argumentó problemas de salud mental y solicitó un tratamiento en lugar de una condena penal.

El fallo no estuvo exento de controversias. Mientras que los jueces Gustavo Bernie y César Yaya votaron por penas severas, la jueza Viviana Cukla propuso penas menores, argumentando que algunos delitos debían ser considerados como continuados y no en concurso real. Finalmente, el tribunal decidió por mayoría imponer las penas más altas.

Además de las condenas, el tribunal ordenó la apertura de nuevas investigaciones contra el padre de los acusados, Leonardo Kiczka, y el diputado provincial Pedro Puerta por presunto falso testimonio. Los fundamentos del fallo serán publicados en los próximos días, y se espera que la defensa apele la sentencia.

Este caso ha generado un amplio debate en la sociedad misionera y en todo el país, destacando la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el abuso infantil. Organizaciones de derechos de la infancia han celebrado el fallo como un mensaje contundente contra la impunidad, mientras que sectores políticos y sociales exigen mayores controles y sanciones para prevenir este tipo de delitos en el futuro.