El Gobierno argentino llevó a cabo este lunes la cuarta reunión del Consejo de Mayo, un órgano multisectorial creado por el presidente Javier Milei para debatir reformas estructurales en el país. El encuentro, realizado en la Casa Rosada y encabezado por el jefe de Gabinete Guillermo Francos, tuvo como eje central la discusión de la reforma tributaria y laboral, consideradas fundamentales para la segunda etapa del mandato presidencial.

Participaron representantes del Ejecutivo, como el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo, legisladores nacionales, sindicalistas y empresarios, entre ellos el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, y el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez. La reunión contó además con la presencia de especialistas técnicos invitados por cada sector, lo que la convirtió en la más numerosa hasta el momento.

El debate giró en torno a la necesidad de reducir la presión fiscal, actualmente estimada en un 52%, y de simplificar el sistema tributario, que cuenta con 155 impuestos, tasas y contribuciones. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el 94% de la recaudación se concentra en diez tributos principales. El Gobierno busca disminuir el número de impuestos y concentrar la recaudación en unos pocos, con el objetivo de combatir la evasión y fomentar la inversión, tanto extranjera como local.

Martín Rappallini, en representación del sector empresarial, señaló: "Si logramos hacer una propuesta para que todos paguen, vamos a lograr la misma recaudación que tenemos hoy, pero también pensando en generar un proceso de inversión y crecimiento". Por su parte, Milei reafirmó en un reciente reportaje que la secuencia de reformas será primero la fiscal, luego la laboral y finalmente la apertura comercial, con la meta de convertir a Argentina en "el país más libre del mundo".

El hermetismo marcó el encuentro, sin que se difundieran detalles específicos sobre los acuerdos alcanzados. Sin embargo, se prevé que en diciembre se presente un documento final con las propuestas consensuadas, que serán enviadas al Congreso para su tratamiento legislativo en 2026. Legisladores opositores recordaron que el Parlamento será el ámbito de debate definitivo, subrayando la importancia del proceso democrático.

El Consejo de Mayo, surgido del Pacto de Mayo firmado por 19 gobernadores en 2024, busca avanzar en reformas de segunda generación, comparables a procesos similares en países como Brasil. El Gobierno confía en que estos cambios serán clave para mejorar la competitividad, formalizar el empleo y atraer inversiones, en un contexto de desafíos políticos y económicos.