Las cuotas de la medicina prepaga en Argentina registraron aumentos significativos desde enero de 2024, con subas que oscilaron entre el 217% y el 387% según un informe de la asociación Defensa de los Usuarios y Consumidores (DEUCO) basado en datos oficiales de la Superintendencia de Servicios de Salud. El análisis, que abarca hasta abril de 2025, muestra una marcada disparidad entre las empresas del sector, afectando a unos 7 millones de afiliados en todo el país.

Jerárquicos Salud encabeza el ranking de incrementos con un 387,07%, mientras que OSDE, la prepaga con mayor cantidad de afiliados, aplicó el menor ajuste, con un 217,49%. Otras empresas como Omint y el Hospital Italiano también registraron subas superiores al 275%. En contraste, Swiss Medical y Unión Personal se ubicaron en el rango inferior, con aumentos del 232,34% y 247,65% respectivamente.

El informe destaca que el promedio de incremento en los costos médicos fue del 153,75%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado alcanzó el 143,06%. En el mismo período, los salarios promedio aumentaron un 182,74% y las jubilaciones un 170,37%, cifras que quedaron por debajo de los ajustes en las cuotas de las prepagas.

La liberación de precios dispuesta por el DNU 70/2023 en diciembre de 2023 permitió a las empresas fijar sus tarifas sin restricciones, lo que derivó en una escalada de aumentos en los primeros meses de 2024. Ante la magnitud de las subas, el Gobierno intervino administrativamente y por vía judicial entre abril y junio de ese año, ordenando incluso descuentos a las empresas que habían ajustado por encima del IPC. Desde julio, el mercado volvió a quedar mayormente liberado, aunque persisten matices regulatorios.

Desde la Unión Argentina de Salud, que agrupa a prepagas y prestadores, se sostiene que el análisis debe considerar un contexto histórico más amplio. Según datos del sector, desde 2012 las cuotas de las prepagas aumentaron un 23.852%, menos que el IPC y los medicamentos, pero más que las prestaciones médicas.

El debate sobre la sostenibilidad del sistema y el impacto en los afiliados continúa, en un contexto de alta inflación y presión sobre los ingresos de la población. Las perspectivas futuras dependerán de la evolución económica y de eventuales nuevas regulaciones estatales.