Un grupo de productores agropecuarios del partido bonaerense de General Guido ha presentado un recurso judicial para frenar un aumento del 360% en la tasa de red vial, decretado por el intendente Carlos Rocha. Este incremento, que supera ampliamente la inflación interanual del 117%, ha generado un fuerte rechazo en la comunidad rural, que depende de estos caminos para el transporte de su producción y actividades cotidianas.

Fernando Sarena, uno de los productores afectados, explicó que el aumento no fue lineal. "Durante 2024 ya la habían subido un 80%, y entre la última cuota de ese año y la primera de 2025 pegaron un salto del 180%. El aumento interanual quedó justo en 361%", detalló. Además, señaló que la nueva segmentación de la tasa, que ahora considera la cantidad de hectáreas pero no la productividad ni la calidad del suelo, es "inconstitucional".

El estado de los caminos rurales es otro punto crítico. Según los productores, los 600 kilómetros de caminos del distrito están en condiciones deplorables, lo que dificulta el transporte de bienes, el acceso a servicios básicos y la movilidad de la comunidad. "Llueven 20 mm y hay sectores que se hacen intransitables", denunció Sarena.

El conflicto se intensificó cuando se conoció que el municipio había gastado 30 millones de pesos en un carnaval, mientras justificaba el aumento de la tasa por "desactualización". Los productores consideran que este gasto es un ejemplo de mala gestión de los recursos públicos.

A pesar de haber intentado dialogar con el municipio, las reuniones no lograron revertir el aumento. "Nos ofrecieron un descuento del 15% por buen cumplimiento, pero no estuvieron dispuestos a cambiar el monto", afirmó Sarena. Ante esta situación, los productores decidieron llevar el caso a la Justicia, argumentando que el aumento es "ilegal, inconstitucional y confiscatorio".

El caso ha generado un debate más amplio sobre el uso de tasas municipales como herramientas recaudatorias. Expertos como Matías Olivero Vila, de la ONG Lógica, critican estas prácticas por distorsionar el sistema tributario y afectar la equidad fiscal. "Una tasa debe reflejar el costo de un servicio específico. Si no hay tal servicio, no debería cobrarse", señaló.

El conflicto también ha impulsado a algunos productores a involucrarse más activamente en la Sociedad Rural local, buscando una representación más efectiva de sus intereses. Mientras tanto, el recurso judicial sigue su curso, y los productores esperan que se reabra el diálogo con el municipio para alcanzar una solución razonable.