Una mujer de El Bolsón, Río Negro, ganó un premio de $21.000 en la quiniela, pero la agencia local se negó a abonarle el monto. Ante la negativa, la ganadora recurrió al Juzgado de Paz, donde presentó una demanda para exigir el pago. El conflicto económico se resolvió rápidamente: antes de la audiencia fijada, la propietaria de la agencia depositó el dinero reclamado y notificó que no asistiría, saldando así la deuda de manera anticipada.

Sin embargo, el caso no concluyó con el pago. Durante el proceso judicial, la dueña de la agencia argumentó que la clienta había realizado publicaciones en redes sociales que afectaban su actividad comercial y su nombre. El juez consideró relevante este punto y, dado que el conflicto económico ya estaba resuelto, dictó una medida que prohíbe a la mujer emitir, publicar o difundir cualquier contenido que mencione a la agencia o a su propietaria en redes sociales, servicios de mensajería o cualquier otro medio. La prohibición abarca textos, imágenes, audios y videos, tanto propios como compartidos, y su incumplimiento podría derivar en sanciones por desobediencia judicial.

Además, la propietaria del comercio informó que la ganadora no podrá ingresar a sus locales, una decisión amparada en el derecho de admisión. El juzgado aclaró que no impone esta restricción, pero dispuso su notificación formal a la afectada. El dinero depositado será entregado en una audiencia posterior, en la que también se le notificará el contenido completo de la resolución judicial.

El caso, que comenzó como un simple reclamo por el cobro de un premio, terminó derivando en una decisión judicial que pone el foco en los límites de la exposición pública, la protección de la reputación comercial y la libertad de expresión. La resolución ha generado debate sobre la proporcionalidad de las medidas y las implicancias para futuros conflictos similares.