El ataque a la vivienda del diputado nacional José Luis Espert, ocurrido el pasado 17 de junio en San Isidro, continúa generando repercusiones políticas y judiciales. Un grupo de militantes, entre los que se identificó a la concejal de Quilmes Eva Mieri y a la funcionaria bonaerense Alexia Abaigar, arrojó bolsas de estiércol y colocó un pasacalle con amenazas en el domicilio del legislador. El hecho fue registrado por cámaras de seguridad y vincula tanto vehículos oficiales como privados, lo que agravó la situación judicial de los involucrados.

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado imputó a Mieri y Abaigar por delitos que incluyen atentado contra el orden público, amenazas coactivas agravadas, incitación al odio político y malversación de caudales públicos. Mientras que Abaigar recibió prisión domiciliaria por razones de salud, a Mieri se le negó la excarcelación por considerar que podría entorpecer la investigación. Otras tres personas detenidas fueron liberadas tras la revisión judicial del caso.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y dirigentes kirchneristas denunciaron irregularidades y arbitrariedades en la causa, señalando que la respuesta judicial es desproporcionada y criminaliza la protesta política. Cristina Kirchner y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, reclamaron públicamente la liberación de las detenidas, mientras que la jueza Arroyo Salgado defendió la legalidad y necesidad de las medidas adoptadas.

El caso se produce en un contexto de alta tensión política tras la detención de la expresidenta Kirchner y reaviva el debate sobre el uso de recursos públicos en acciones políticas, así como el rol de la Justicia en la criminalización de la protesta. Las próximas decisiones judiciales serán clave para definir el rumbo de la causa y su impacto en el escenario político nacional.