La Cámara Federal porteña revocó la resolución que había restituido el control de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), restableciendo la intervención y las restricciones patrimoniales sobre sus autoridades. El fallo, dictado por mayoría en la Sala II, responde a la apelación presentada por el dirigente Marcelo Andrada y la Superintendencia de Servicios de Salud, quienes objetaron la decisión del juez Sebastián Casanello de levantar las medidas cautelares en una causa por presunta administración fraudulenta y enriquecimiento ilícito.

La investigación penal se centra en el patrimonio del secretario general de UATRE, José Voytenco, acusado de poseer bienes incompatibles con sus ingresos lícitos, incluyendo la compra de inmuebles de lujo y contrataciones irregulares con empresas vinculadas a la conducción sindical. La Cámara Federal enfatizó que la mejora financiera de la obra social no elimina la sospecha de delito penal, y ordenó profundizar la investigación patrimonial, certificar causas conexas y mantener las restricciones preventivas.

El expediente judicial estuvo paralizado durante más de un año por debates sobre competencia jurisdiccional, sin avances sustanciales en la investigación de fondo. El fallo también criticó la falta de impulso procesal y exigió medidas urgentes para esclarecer los hechos denunciados.

El Gobierno y la Superintendencia de Servicios de Salud celebraron la decisión judicial, considerándola fundamental para garantizar la transparencia y la continuidad de las prestaciones médico-asistenciales. Por su parte, el Movimiento de Recuperación de la UATRE valoró el fallo como "un punto de inflexión" en la lucha contra la impunidad y destacó el rol de los trabajadores organizados en impulsar la investigación.

La defensa de Voytenco denunció presiones judiciales, pero la Cámara desestimó estas manifestaciones, aclarando que no tuvieron incidencia en la valoración jurídica del tribunal. El proceso judicial sigue abierto, con investigaciones en curso y disputas sindicales latentes.

La intervención de OSPRERA se mantiene hasta que el Poder Ejecutivo designe un nuevo interventor, y el Administrador Provisorio designado es César Augusto Lococo. El conflicto, que comenzó en 2023 con la intervención por graves irregularidades y una deuda superior a $45.000 millones, incluye denuncias de falta de prestaciones médicas y fallecimientos por cobertura insuficiente, así como una interna sindical y política entre sectores de UATRE y operadores vinculados al Gobierno. Las implicaciones futuras apuntan a una mayor transparencia y control institucional, aunque la disputa por el manejo de la obra social permanece abierta.