El exgobernador y exsenador de Tucumán, José Alperovich, cumplirá prisión domiciliaria en su departamento de Puerto Madero tras haber sido condenado en 2024 a 16 años de prisión por abuso sexual agravado contra su sobrina. La decisión fue tomada por el juez Juan María Ramos Padilla, quien estableció estrictas condiciones para el cumplimiento de la medida, incluyendo el uso de tobillera electrónica, una caución de 400 millones de pesos y la prohibición absoluta de contacto con la víctima y su entorno.

Alperovich, quien permaneció más de un año detenido en el penal de Ezeiza, fue hallado culpable de nueve hechos de abuso sexual, seis de ellos agravados, cometidos entre 2017 y 2018. Parte de los abusos ocurrieron en el mismo departamento donde ahora cumplirá la prisión domiciliaria. La Justicia también dispuso que los hijos del exgobernador actúen como garantes y convivan con él durante el cumplimiento de la condena.

El fallo judicial subraya que la prisión domiciliaria no constituye un privilegio ni un acto de clemencia, sino una herramienta legal aplicada bajo condiciones de estricto control. El juez Ramos Padilla remarcó que cualquier incumplimiento de las reglas impuestas implicará la revocación inmediata del beneficio y el regreso al régimen penitenciario. Además, Alperovich no podrá salir del país ni regresar a Tucumán sin autorización expresa del tribunal.

La víctima, a través de allegados, manifestó su disconformidad con la medida, aunque decidió no apelar la decisión para priorizar su tranquilidad y la de su familia. El caso, que tuvo gran repercusión mediática y social, reavivó el debate sobre la violencia de género y los privilegios judiciales en Argentina. La condena aún no está firme, lo que fue determinante para la concesión de la prisión domiciliaria.

El proceso judicial incluyó pericias médicas que no avalaron problemas de salud graves que impidieran la permanencia de Alperovich en prisión, aunque la defensa insistió en su edad avanzada y dolencias como argumentos para el beneficio. El juez, por su parte, enfatizó que el poder y el dinero no son garantía de impunidad ni de beneficios extraordinarios, y que la medida busca proteger a la víctima y mantener el compromiso del Estado en la lucha contra la violencia hacia las mujeres.