El Gobierno argentino anunció una profunda reestructuración de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) tras detectar filtraciones de información confidencial en el marco del juicio internacional por la expropiación de YPF. La medida, que implica el despido de más de 60 funcionarios y una drástica reducción de áreas técnicas, busca fortalecer la eficiencia operativa del organismo y reducir el gasto público, según comunicaron fuentes oficiales.

La decisión se produce luego de que se sospechara la venta de información estratégica a Burford Capital, el fondo que lidera la demanda contra Argentina en los tribunales de Nueva York. Aunque el Gobierno evitó confirmar públicamente la naturaleza y el alcance de las filtraciones, admitió que la preocupación es máxima, ya que la estrategia judicial argentina parecía ser anticipada por los abogados de la contraparte. "El procurador Santiago Castro Videla no se toca", aseguraron desde la Casa Rosada, aunque persisten cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés debido a su vínculo profesional con el abogado Alberto Bianchi, testigo experto de Burford.

La reestructuración incluye la reducción de seis a cuatro Direcciones Nacionales y la disolución de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, cuyas funciones serán asumidas por un centro con menos de un tercio del personal original. Además, se reorganizarán funciones superpuestas y se reasignarán competencias estratégicas, en línea con la política de austeridad impulsada por el Ejecutivo.

El caso YPF, que enfrenta a Argentina con una condena de USD 16.100 millones y la posible entrega del 51% de las acciones de la petrolera estatal, ha generado una fuerte presión sobre la PTN. En este contexto, el Gobierno de Estados Unidos intervino como amicus curiae en apoyo a la posición argentina, mientras la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dispuso una suspensión temporal de la orden de entrega de las acciones.

Sectores críticos advierten que la reestructuración podría debilitar la defensa jurídica del Estado y facilitar la pérdida de activos estratégicos. Sin embargo, desde el Gobierno insisten en que las medidas adoptadas son necesarias para garantizar una administración pública más ágil, moderna y efectiva, en línea con los principios de austeridad y profesionalismo. El desenlace del litigio y el impacto de los cambios en la Procuración del Tesoro seguirán siendo objeto de atención en las próximas semanas.