Un escándalo de corrupción ha puesto en el centro de la polémica al gobierno de Javier Milei y a la obra social de los jubilados, PAMI. Viviana Aguirre, exfuncionaria del organismo en La Plata y diputada suplente de La Libertad Avanza (LLA), denunció públicamente un esquema de desvío de fondos y extorsión que involucra a altos dirigentes del partido oficialista.

Aguirre afirmó que fue despedida tras negarse a participar en actos de corrupción, incluyendo la firma de documentos ilegales y el pago de retornos de hasta $1.000.000. Según su testimonio, los fondos eran destinados a financiar actividades partidarias de LLA. "Desde el minuto cero empezaron a robar al pueblo", declaró Aguirre en una entrevista, donde también aseguró haber recibido amenazas de Sebastián Pareja y Juan Osaba, dirigentes cercanos al círculo de confianza de Milei.

Las denuncias no se limitan a La Plata. En provincias como Chaco, Misiones y Santa Cruz, empleados de PAMI y ANSES habrían sido obligados a entregar hasta el 25% de sus salarios para financiar al partido. En Chaco, la Justicia Federal investiga un esquema de recaudación que podría constituir extorsión. "Nos pedían aportes bajo amenaza de perder nuestros empleos", afirmó un denunciante anónimo.

Además, se han reportado sobreprecios de hasta 700% en compras y servicios médicos, justificados bajo la figura de "urgencias". Prestadores médicos denuncian retenciones indebidas y una crisis en la calidad del servicio. "No hay plata para los jubilados ni para los médicos. Están usando al PAMI como una caja política", declaró un empresario del sector salud.

En respuesta, el PAMI anunció una auditoría interna para revisar las contrataciones y compras en sus delegaciones. "Las oficinas territoriales no serán más una caja negra de la política", afirmó el organismo en un comunicado oficial. Sin embargo, las críticas persisten, y sectores de la oposición exigen investigaciones más profundas y sanciones ejemplares.

El escándalo ha generado tensiones internas en el gobierno de Milei, con acusaciones cruzadas entre diferentes facciones del oficialismo. Analistas advierten que este caso podría tener un impacto significativo en la imagen del presidente y su partido, especialmente en un contexto de recortes presupuestarios y creciente descontento social.

Mientras tanto, Aguirre asegura tener pruebas contundentes, incluyendo grabaciones y documentos, para respaldar sus denuncias. "No voy a callarme. Esto es por los jubilados y por el país", concluyó en su declaración más reciente. La Justicia ahora tiene la tarea de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades en un caso que podría marcar un punto de inflexión en la política argentina.