Desde el 6 de enero de 2026, los peajes en las rutas nacionales 12 y 14 vuelven a funcionar bajo un nuevo esquema de concesión privada, marcando el inicio de una etapa de modernización en el cobro y gestión vial. El sistema, operado por Autovía Construcciones y Servicios (ACS) bajo el nombre Autovía del Mercosur, elimina el pago en efectivo y establece el uso obligatorio del TelePASE como único medio de pago en la primera etapa. Este dispositivo electrónico, que ofrece un descuento del 50% respecto a futuros métodos, será indispensable para circular sin demoras ni sanciones.

El valor inicial del peaje para automóviles será de $1.900, con aumentos previstos que podrían llevar la tarifa hasta $3.563, y un tope de $11.000 en el puente Paso de los Libres–Uruguayana. A partir de la segunda quincena de enero, se incorporarán otros medios electrónicos como tarjetas de crédito, débito, códigos QR y billeteras virtuales, facilitando el pago a los usuarios.

La reactivación de los peajes implica también un fuerte impacto laboral. De los más de 200 empleados que trabajaban en las cabinas manuales, solo el 30% fue recontratado por la nueva concesionaria. El resto permanece a la espera de indemnizaciones por parte de la empresa saliente, Caminos del Río Uruguay. El gremio SUTPA, liderado por Facundo Moyano, ha manifestado su preocupación por la pérdida de puestos de trabajo y la automatización del sistema.

El contrato de concesión, firmado por ACS y las autoridades nacionales, prevé un régimen de aumentos tarifarios escalonados y la ejecución de obras prioritarias de bacheo, mantenimiento y señalización. Estas mejoras buscan elevar la seguridad vial y la calidad del servicio en un corredor estratégico para el turismo y el comercio internacional, que conecta Argentina con Brasil y Uruguay.

El municipio de Gualeguaychú y otros actores locales han recomendado a los usuarios adherirse al TelePASE para evitar demoras y sanciones, especialmente en temporada alta. Por su parte, la empresa concesionaria asegura que la modernización del sistema reducirá la congestión y las emisiones contaminantes, además de permitir un monitoreo más eficiente del tránsito.

La medida se enmarca en la política de privatización y reducción de subsidios estatales impulsada por la administración Milei, que busca potenciar la inversión privada en infraestructura vial. El nuevo esquema de concesión representa un cambio significativo en la gestión de rutas nacionales, con implicancias directas en la economía regional, el empleo y la experiencia de los usuarios.