La Empresa Provincial de la Energía (EPE) denunció penalmente a los responsables de un edificio de oficinas ubicado en San Lorenzo al 1600, en el centro de Rosario, tras detectar diez conexiones ilegales y un consumo eléctrico no declarado que asciende a casi 22 millones de pesos. El operativo, realizado en julio de 2025, reveló que siete de las conexiones correspondían a clientes que habían solicitado el servicio pero se engancharon antes de la habilitación oficial, mientras que las otras tres eran conexiones directas sin medidor ni trámite de alta.

Según el cálculo oficial, el volumen de energía utilizado sin autorización fue de 90.000 kilovatios hora, lo que equivale a $21.771.058,18. La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y forma parte de una estrategia provincial para combatir el hurto de energía y las conexiones clandestinas.

Desde el inicio de 2025, la EPE intensificó sus controles en toda la provincia de Santa Fe, realizando 61.905 inspecciones y detectando 14.793 irregularidades, lo que representa una tasa de efectividad del 24%. El recupero económico por consumo no declarado alcanzó los 2.000 millones de pesos, un incremento del 265% respecto al promedio anual entre 2022 y 2024. Además, se recuperaron 9.786.000 kilovatios hora, un 80% más que en años anteriores.

La presidenta del directorio de la EPE, Anahí Rodríguez, advirtió: “El que roba energía, les está robando a los santafesinos porque eso impacta directamente en la calidad del servicio”. Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó que el proceso de fiscalización incluye el control de empleados, la implementación de ingreso biométrico, GPS en los vehículos de la empresa y la reducción de gastos internos. “Sepan que cuando decimos que se terminó la joda, es para adentro y para afuera”, afirmó.

El edificio céntrico de Rosario no es un caso aislado. La EPE ya realizó denuncias similares contra una panificadora, un supermercado, bares y otros comercios de la ciudad. Las irregularidades detectadas abarcan desde la manipulación de medidores y fallas técnicas hasta conexiones directas sin autorización, todas ellas denunciadas ante la Justicia. Los usuarios involucrados incluyen residencias, comercios, industrias y asociaciones.

La empresa también avanzó en la depuración de beneficiarios de tarifa social, suspendiendo 15.000 cuentas por subsidios indebidos. Las autoridades remarcan que cada peso recuperado se reinvierte en infraestructura eléctrica y que la incorporación de nuevas tecnologías, como inteligencia artificial, ha mejorado la efectividad de los controles. El objetivo es consolidar un superávit y garantizar un mejor servicio para los santafesinos.