El Gobierno nacional avanza con un nuevo ajuste en la estructura estatal, proyectando la reducción de entre 4.000 y 5.000 empleos públicos antes de agosto de 2026. La medida, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, se centra en organismos descentralizados como ANSES, PAMI, Vialidad Nacional, INTA, Radio y Televisión Argentina y la Casa de Moneda.

Desde el inicio de la gestión de Javier Milei en diciembre de 2023, la planta estatal se redujo de 343.357 a 276.104 empleados, lo que representa una baja del 19,5% y la eliminación de más de 67.000 puestos de trabajo. El mecanismo elegido para este nuevo recorte es el retiro voluntario, que ofrece a los empleados el 90% del sueldo bruto por cada año trabajado. Según fuentes oficiales, este esquema permite evitar conflictos judiciales y el costo inicial se compensa en aproximadamente un año gracias al ahorro salarial.

En la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), 1.200 empleados aceptaron el retiro voluntario, lo que equivale al 10% de la planta del organismo. En Vialidad Nacional, cerca de 1.000 trabajadores adhirieron al programa, mientras que en el INTA la cifra ronda los 400. Próximamente, se prevé la apertura de retiros voluntarios en el PAMI, que cuenta con más de 12.000 empleados bajo convenio colectivo.

El Gobierno sostiene que la reducción de personal es necesaria para "ordenar" las estructuras públicas y adecuar el tamaño de cada organismo a sus funciones reales. Además, se estableció que quienes acepten el retiro voluntario no podrán reincorporarse al Estado por cinco años, o deberán devolver el dinero recibido si deciden volver antes de ese plazo.

La política de ajuste ha generado preocupación entre sindicatos y trabajadores, quienes advierten sobre el impacto en el empleo y la calidad de los servicios públicos. Sin embargo, desde la Casa Rosada insisten en que la mayoría de las desvinculaciones se realizan por acuerdo voluntario y no por despidos forzosos. El proceso es coordinado por Federico Sturzenegger, titular del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, quien continúa evaluando la estructura de otros organismos para posibles futuros recortes.

El ajuste en el sector público se enmarca en la estrategia del Gobierno de reducir el gasto estatal y mejorar la eficiencia administrativa, aunque el debate sobre sus consecuencias sociales y económicas sigue abierto.