El gobierno argentino expresó su más enérgico rechazo al anuncio de inversión para la explotación del yacimiento petrolero offshore Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas. El consorcio formado por Navitas Petroleum, de origen israelí, y Rockhopper Exploration, británica, confirmó una inversión inicial superior a los 1.100 millones de dólares para desarrollar el proyecto, que podría alcanzar una producción de hasta 819 millones de barriles de petróleo.

La Cancillería argentina, a través de un comunicado oficial, calificó la operación como "ilegal" y recordó que ambas empresas han sido previamente sancionadas por operar sin la debida autorización en la plataforma continental argentina. "La República Argentina expresa su más enérgico rechazo a la pretendida ‘Decisión Final de Inversión’ anunciada por las ilegítimas licenciatarias", señala el texto, advirtiendo que toda actividad unilateral en áreas en disputa resulta contraria a las resoluciones de la ONU y a la legislación nacional.

El proyecto Sea Lion se encuentra a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago, en una zona de soberanía reclamada por Argentina. Según estimaciones, la explotación podría aportar hasta 10.000 millones de dólares al PBI local y generar ingresos fiscales significativos para la administración isleña. Sin embargo, el gobierno argentino sostiene que cualquier desarrollo en la zona requiere autorización expresa de sus autoridades y advierte sobre la posibilidad de sanciones administrativas, legales y judiciales para empresas, proveedores e inversores involucrados.

El anuncio ha generado preocupación en la provincia de Tierra del Fuego, donde funcionarios calificaron la iniciativa como un "saqueo material" de recursos argentinos y exigieron una respuesta unificada del Estado nacional. "La defensa de la soberanía requiere pasar de la declaración diplomática a la acción jurídica concreta", afirmó Andrés Dachary, secretario de Malvinas y Asuntos Internacionales.

El contexto internacional añade complejidad al conflicto. Mientras el presidente Javier Milei refuerza lazos con el Reino Unido e Israel, la Cancillería mantiene una postura firme en defensa de la soberanía sobre las Malvinas. Analistas advierten que la presión diplomática argentina podría dificultar el financiamiento internacional del proyecto, dada la sensibilidad geopolítica y la falta de reconocimiento de la jurisdicción isleña por parte de Buenos Aires.

La disputa por la soberanía de las Malvinas y el control de sus recursos naturales continúa siendo un punto de tensión entre Argentina y el Reino Unido, con implicancias económicas, políticas y diplomáticas de largo alcance.