El Gobierno nacional intimó a los gremios de transporte UTA y La Fraternidad a abstenerse de participar en el paro general convocado por la CGT, previsto para el 19 de febrero en rechazo a la reforma laboral que se debate en la Cámara de Diputados. La advertencia oficial se fundamenta en la vigencia de la conciliación obligatoria, que prohíbe la realización de medidas de fuerza mientras dure el proceso legal.

Según informó el Ministerio de Capital Humano, cualquier acción directa por parte de los sindicatos representaría un incumplimiento de la instancia de conciliación, lo que podría derivar en sanciones económicas y, eventualmente, en la pérdida de la personería sindical. "La pérdida de la personería es la pena máxima, pero primero se inicia un proceso que suele ser largo", explicaron fuentes oficiales. El procedimiento, encabezado por la Secretaría de Trabajo, permite a las partes presentar sus argumentos antes de que se apliquen sanciones.

La UTA y La Fraternidad, por su parte, ratificaron su adhesión al paro general, argumentando que la medida responde a la caída del salario real, el deterioro de las condiciones de empleo y el ajuste económico. "Esta decisión se fundamenta no solo por los términos de la ley, sino por la situación que atraviesan los trabajadores, marcada por la sostenida caída del salario real, la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro del empleo en el conjunto de la actividad", sostuvo la UTA en un comunicado oficial.

El paro, que afectaría trenes y colectivos en todo el país, coincide con el debate parlamentario sobre la reforma laboral. La CGT convocó a la medida de fuerza en respuesta al deterioro de los indicadores sociales y productivos, señalando la pérdida de 300.000 empleos formales y el cierre de más de 21.000 pymes en los últimos dos años. El reciente cierre de la fábrica de neumáticos Fate y el despido de 920 operarios incrementaron la tensión en el sector.

El Gobierno insiste en la necesidad de garantizar la prestación normal de los servicios y advierte sobre las consecuencias legales de incumplir la conciliación obligatoria. Los gremios, en cambio, llaman a la responsabilidad y conciencia en la defensa colectiva de los derechos laborales. El desenlace del conflicto dependerá del desarrollo del paro y de las negociaciones entre las partes, en un contexto de creciente tensión social y política.