El Gobierno argentino decidió no prorrogar la rebaja temporal de retenciones a la soja, el maíz, el sorgo y el girasol, medida que había otorgado un alivio limitado a los productores en un contexto de márgenes ajustados. Desde el 1° de julio, las alícuotas volvieron a los niveles previos a enero: 33% para la soja y el maíz, 12% para el sorgo y 7% para el girasol, mientras que el trigo y la cebada mantendrán la rebaja hasta marzo de 2026.

La reacción del sector agropecuario no se hizo esperar. Según registros oficiales, el 2 de julio no se anotaron nuevas exportaciones de los principales granos, reflejando el freno comercial tras la suba de retenciones. Entidades rurales y gobernadores de provincias productoras manifestaron su descontento y exigieron la eliminación del impuesto, argumentando que la presión fiscal asfixia la competitividad y pone en riesgo la sostenibilidad de las exportaciones.

Estudios recientes de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos y la UNER advierten que, con los nuevos niveles de retenciones, solo la soja de segunda y el maíz mantienen márgenes positivos, mientras que la soja de primera y el sorgo arrojan pérdidas. El informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo (FADA) señala que más del 63% de la renta agrícola se destina a impuestos, lo que agrava la situación en un contexto de precios internacionales bajos y costos elevados.

En respuesta al malestar, el Gobierno aceleró anuncios de inversión en infraestructura, incluyendo la reactivación del Belgrano Cargas, la licitación de rutas críticas y el dragado de la Cuenca del Salado. Funcionarios nacionales se reunieron con la Mesa de Enlace para detallar el plan de obras, que busca mejorar la competitividad y reducir accidentes viales. Sin embargo, las entidades rurales insisten en que el problema de fondo es la carga impositiva y reclaman reglas claras y previsibilidad.

La agenda de negociaciones entre el Gobierno y el campo sigue abierta, con la expectativa de un posible anuncio presidencial en la próxima Exposición Rural de Palermo. Mientras tanto, el sector advierte que, sin un alivio fiscal, la rentabilidad seguirá en niveles críticos y la relación con el Ejecutivo permanecerá tensa.