La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina dispuso una actualización de los umbrales y procedimientos para la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. La medida, publicada en el Boletín Oficial, responde a la necesidad de adecuar la normativa local a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y a la evolución de los valores económicos en el país.

Entre los principales cambios, la UIF elevó el umbral para reportar inscripciones de compraventa de inmuebles a 750 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). En el caso de operaciones con automotores, el perfil del cliente será obligatorio para quienes realicen transacciones anuales iguales o superiores a $115 millones, y para adquisiciones de vehículos por montos superiores a $50 millones. Además, en el ámbito de las entidades financieras, el umbral para identificar depósitos en efectivo y reportar transacciones de alto monto se incrementa de 20 a 40 SMVM.

La resolución también introduce cambios en los procedimientos de identificación y documentación. Se elimina la exigencia de certificación contable para la elaboración del perfil del cliente, priorizando la documentación respaldatoria y evitando la solicitud de declaraciones juradas impositivas. Asimismo, los escribanos deberán reportar transferencias de dominio de inmuebles en efectivo superiores a 750 SMVM.

La normativa establece que las actualizaciones automáticas de los montos se suspenderán hasta enero de 2026, momento en el cual se retomarán en base al índice de precios del sector automotor y otros indicadores pertinentes. Los cambios entrarán en vigencia a partir del 6 de junio de 2025.

Argentina, como miembro pleno del GAFI y GAFILAT, ajusta periódicamente su marco regulatorio para alinearse con las recomendaciones internacionales y responder a la dinámica económica local. La resolución busca optimizar la administración de riesgos y facilitar el cumplimiento para los sujetos obligados, con el objetivo de mejorar la eficiencia en la detección de operaciones sospechosas. Hasta el momento, no se han registrado reacciones públicas de entidades financieras o escribanos respecto a la medida.