Un nuevo escándalo sacude a la Cooperativa 127 Hectáreas en Neuquén, donde más de 3,000 familias han denunciado una presunta defraudación por parte de su presidente, Jorge Salas. Según las acusaciones, los afectados pagaron cuotas durante más de una década con la promesa de recibir terrenos que nunca se entregaron. La denuncia penal, presentada por el abogado Mariano Mansilla, señala que los fondos recaudados no están registrados en cuentas ni bienes de la cooperativa, lo que genera dudas sobre su destino.

Mansilla explicó que algunos socios llegaron a pagar hasta 4,000 pesos mensuales desde 2010, acumulando una suma incalculable de dinero que, según testimonios, era manejado en efectivo por Salas y sus allegados. "No sabemos dónde está el dinero; no hay registros ni bienes a nombre de la cooperativa", afirmó el abogado.

En respuesta a las denuncias, la Cooperativa 127 Hectáreas firmó un acuerdo con la Municipalidad de Neuquén para adjudicar lotes en urbanizaciones municipales. Este convenio busca ofrecer una solución parcial a los afectados, aunque no resuelve completamente el problema. Según Jorge Salas, los trabajos preparatorios ya han comenzado y se espera que algunos beneficiarios reciban sus lotes antes de fin de año.

El conflicto tiene raíces profundas. Desde su creación, la cooperativa prometió facilitar el acceso a terrenos y viviendas sociales, pero los terrenos en la meseta, donde se planeaban los desarrollos, resultaron estar fuera del ejido municipal, lo que impidió su urbanización. Esto llevó a una crisis que ahora se intenta mitigar con el apoyo del municipio.

Salas, quien también renunció a su cargo como director de Hábitat y Urbanismo de la provincia, ha negado las acusaciones y atribuye las denuncias a una campaña de desprestigio político. "Siempre hemos trabajado de manera transparente. Dejamos que la Justicia haga su trabajo", declaró.

Mientras tanto, las familias afectadas enfrentan una incertidumbre económica y emocional significativa. La situación ha generado un debate sobre la regulación y supervisión de cooperativas de vivienda en la región, destacando la necesidad de mayor transparencia y control en este tipo de organizaciones. El caso sigue en investigación, y los damnificados esperan respuestas claras sobre el destino de sus aportes.