El presidente Javier Milei firmará el lunes el veto total a las leyes que establecen un aumento en las jubilaciones, la restitución de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. La decisión, que se concretará al filo del plazo legal, busca blindar el equilibrio fiscal y responde a la estrategia del oficialismo de dilatar los tiempos para negociar apoyos clave en el Congreso.

En la Casa Rosada confían en haber asegurado el tercio de votos necesario en la Cámara de Diputados para sostener el veto, gracias a acuerdos con gobernadores, el PRO y el interbloque de los llamados "radicales con peluca". "Ya están los números para sostener los vetos", aseguraron fuentes oficiales, aunque reconocen que la ley de emergencia en discapacidad podría ser la más difícil de bloquear debido al amplio respaldo que obtuvo en el Senado.

La oposición, por su parte, prepara una sesión especial para el 6 de agosto, en la que intentará revertir el veto presidencial. Sin embargo, para lograrlo necesitaría reunir los dos tercios de los votos en ambas cámaras, una meta que no alcanzó en la votación original. El resultado dependerá en gran medida de la asistencia y el sentido del voto de diputados clave, especialmente del PRO y de legisladores alineados con gobernadores provinciales.

El contexto político está marcado por la inminencia del cierre de alianzas electorales, lo que agrega presión a las negociaciones. Algunos gobernadores exploran acuerdos con el oficialismo, mientras otros mantienen posturas más críticas o buscan alianzas alternativas. El Gobierno, por su parte, descarta cualquier tipo de compensación en el área de discapacidad y mantiene su discurso centrado en la necesidad de preservar el equilibrio fiscal.

La votación en Diputados será nominal y cada legislador deberá expresar públicamente su posición. Si la oposición no logra los dos tercios, el veto quedará firme y las leyes no podrán ser tratadas nuevamente en el año. El desenlace de este proceso tendrá impacto no solo en los haberes jubilatorios y en la situación de las personas con discapacidad, sino también en el clima político de cara a las elecciones legislativas de octubre.