El Gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, ha decidido derogar la Resolución N° 187/2025, que regulaba las auditorías de más de un millón de pensiones no contributivas por invalidez laboral. La medida fue oficializada mediante la Resolución N° 1172/2025, publicada en el Boletín Oficial, y busca establecer un nuevo procedimiento más justo y acorde con estándares internacionales.

La Resolución N° 187/2025, implementada en enero de este año, había sido diseñada para combatir irregularidades en el sistema de pensiones. Según datos oficiales, hasta un 80% de los beneficiarios no cumplían con los requisitos establecidos, incluyendo casos de personas sin discapacidad certificada, documentos falsificados y beneficiarios en prisión. Sin embargo, la normativa también generó críticas por su impacto en beneficiarios legítimos.

Diego Spagnuolo, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), explicó que la derogación permitirá revisar y actualizar los criterios de evaluación médica, que habían sido cuestionados por no alinearse con normativas internacionales. "Es fundamental garantizar la equidad y transparencia en el sistema, y esta decisión nos permitirá avanzar en esa dirección", afirmó Spagnuolo.

El Gobierno ha reiterado su compromiso de asegurar que los recursos públicos lleguen a quienes realmente los necesitan. En este sentido, la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas está trabajando en un nuevo esquema de auditoría que corrija las irregularidades sin afectar a los beneficiarios legítimos.

No obstante, la medida ha generado reacciones mixtas. Mientras que algunos sectores ven la derogación como un paso necesario para mejorar el sistema, otros la consideran un retroceso en la lucha contra el fraude. Organizaciones de discapacidad han expresado su preocupación por la falta de actualización en los aranceles y el impacto en los servicios, advirtiendo sobre un posible colapso del sistema si no se toman medidas urgentes.

El sistema de atención a personas con discapacidad en Argentina ha sido un modelo en América Latina, pero enfrenta desafíos significativos. La falta de recursos y la creciente demanda han puesto en riesgo su sostenibilidad. Según un informe reciente, muchas instituciones están cerrando o reduciendo servicios debido a la falta de financiamiento adecuado.

En este contexto, la derogación de la Resolución N° 187/2025 representa un intento del Gobierno por equilibrar la lucha contra el fraude con la necesidad de proteger a los sectores más vulnerables. Sin embargo, el éxito de esta medida dependerá de la rapidez y eficacia con la que se implemente el nuevo procedimiento.