La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner enfrenta nuevas restricciones en su prisión domiciliaria y el decomiso de bienes, tras una decisión del juez Jorge Gorini. La medida, que también afecta a sus hijos, ha generado un intenso debate sobre la independencia del Poder Judicial y la situación política y económica de Argentina.

El juez Gorini fundamentó las restricciones en una supuesta violación de las condiciones de la prisión domiciliaria, al reunirse CFK con un grupo de economistas sin la debida autorización. La defensa de la ex mandataria sostiene que la reunión contaba con permiso previo y denuncia que las sanciones carecen de sustento legal, citando antecedentes judiciales que rechazan decomisos sin pruebas claras de delito.

En respuesta, Fernández de Kirchner recurrió a las redes sociales para denunciar lo que considera una persecución política y mediática, señalando que el verdadero trasfondo es el debate sobre el modelo económico del país. En ese sentido, un grupo de economistas le presentó un documento que propone un modelo productivo alternativo al actual, con énfasis en la regulación del capital, políticas industriales y mayor equidad fiscal.

El caso se produce en un contexto de creciente tensión entre el kirchnerismo y sectores del Poder Judicial y los medios de comunicación, en medio de una economía marcada por la deuda externa, la fuga de capitales y la presión internacional. El gobierno de Javier Milei ha impulsado políticas de ajuste y desregulación que han generado controversia y protestas.

Las reacciones han sido polarizadas: mientras sectores afines a CFK denuncian una "caza de brujas" judicial y mediática, voces opositoras insisten en la necesidad de investigar y sancionar posibles delitos. El debate público se mantiene encendido, reflejando la profunda grieta política y social que atraviesa al país. El desenlace de este caso podría tener implicancias significativas para el futuro institucional y económico de Argentina.