Entró al quirófano por una operación de apendicitis y despertó con la espalda quemada: condenan a los médicos y al sanatorio
- Paciente operado de apendicitis en La Matanza sufrió quemaduras por falla de instrumental médico. - Clínica y médicos condenados a pagar más de $5,6 millones. - El fallo destaca responsabilidad objetiva y obligación de seguridad médica.



Un juzgado civil de La Matanza condenó a una clínica privada de Gregorio de Laferrere y a los médicos que participaron en una cirugía de apendicitis, tras comprobarse que un paciente sufrió quemaduras de primer grado por una falla en el instrumental médico utilizado durante la intervención. El hecho ocurrió en noviembre de 2017, cuando el paciente ingresó por un cuadro de apendicitis aguda y fue intervenido mediante laparoscopía con electro bisturí.
Según la resolución judicial, tras la operación el paciente comenzó a experimentar molestias y lesiones en la piel de la espalda, piernas y glúteos, diagnosticadas posteriormente como quemaduras. El reclamo, iniciado en 2019, incluyó una demanda indemnizatoria por daño físico, estético, psicológico, moral y gastos médicos, además de un pedido de daño punitivo.
La clínica y los profesionales negaron responsabilidad, argumentando que las lesiones no fueron registradas en la historia clínica y sugiriendo que pudieron haberse producido fuera del establecimiento. Sin embargo, la pericia médica confirmó la relación causal entre el electro bisturí y las quemaduras, y el tribunal consideró que la falta de registro no eximía de responsabilidad, ya que la carga de la prueba recaía en los demandados.
El fallo, basado en la teoría de la responsabilidad objetiva por riesgo creado, determinó que tanto la clínica como los médicos debían responder por los daños, al no poder demostrar el correcto funcionamiento del instrumental ni la inexistencia de fallas. El tribunal fijó una indemnización total de $5.625.526, incluyendo daño moral, psicológico y gastos médicos, y rechazó el daño punitivo por no comprobarse una conducta especialmente grave.
La sentencia refuerza la obligación de seguridad de los establecimientos médicos y podría sentar precedente en casos similares de mala praxis. El tribunal dispuso que los intereses se calculen desde la fecha de la intervención hasta el pago efectivo y que las costas del proceso sean asumidas por los demandados.
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