La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata ha declarado la inconstitucionalidad de la ley de movilidad jubilatoria 27.609, que estuvo vigente entre 2021 y marzo de 2024. Este fallo, que podría sentar un precedente importante en materia previsional, ordena recalcular los haberes jubilatorios de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC, en lugar de la fórmula establecida por la ley.

Según el fallo, los haberes jubilatorios perdieron un 50,3% de su poder adquisitivo durante el período de vigencia de la ley. Los jueces Eduardo Jiménez y Alejandro Tazza señalaron que la fórmula de movilidad establecida en la ley 27.609 resultó insuficiente para proteger a los jubilados frente a la inflación, calificándola como un "fracaso". Además, destacaron que los bonos otorgados por el gobierno para compensar las pérdidas solo beneficiaron a un grupo limitado de jubilados, dejando a muchos otros sin protección.

El fallo también menciona que el gobierno actual, mediante el decreto 274/2024, reconoció los "resultados desastrosos" de la fórmula previa, pero no implementó medidas para reparar las pérdidas acumuladas. En este contexto, los jueces ordenaron que los haberes sean recalculados retroactivamente, siempre que el nuevo cálculo resulte más favorable para los jubilados afectados.

Este caso, identificado como "Giménez, Mirta Noemía c/ ANSES s/ reajustes varios", podría llegar a la Corte Suprema de Justicia si la ANSES decide apelar la decisión. La sentencia se suma a otros fallos similares en Mendoza y otras jurisdicciones, consolidando una tendencia judicial favorable a los jubilados.

El impacto de esta decisión podría ser significativo, especialmente para aquellos jubilados cuyos ingresos superan el haber mínimo y que no recibieron bonos compensatorios. Según datos del fallo, mientras que los haberes aumentaron un 606,3% durante el período en cuestión, la inflación acumulada fue del 1286,5%, lo que explica la pérdida de poder adquisitivo.

El abogado previsionalista Adrián Tróccoli destacó que el fallo subraya la desigualdad en el tratamiento de los jubilados y podría abrir la puerta a más demandas similares. Por su parte, el gobierno enfrenta el desafío de equilibrar las finanzas públicas con la necesidad de garantizar ingresos dignos para los jubilados.

En conclusión, este fallo representa un paso importante en la lucha por los derechos de los jubilados en Argentina, aunque su implementación y alcance dependerán de las decisiones judiciales y políticas futuras.