La política argentina atraviesa días de alta tensión tras la confirmación de la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Corte Suprema. Esta decisión ha desplazado el centro de la agenda pública, generando protestas y reconfigurando el escenario político nacional. El gobierno de Javier Milei, que había logrado imponer su agenda en los primeros meses de gestión, se ha visto obligado a responder a la nueva coyuntura, mientras intenta retomar el control y mostrar señales de normalidad.

En este contexto, el oficialismo enfrenta internas entre sectores liderados por figuras como Martín Menem y Santiago Caputo, pero ha acordado mostrarse unido ante la opinión pública. Las reuniones de gabinete y la coordinación de estrategias electorales buscan consolidar la imagen de cohesión, especialmente de cara a las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, consideradas clave para el futuro político del país.

El gobierno ha tomado decisiones controvertidas, como el veto a la ley de emergencia para Bahía Blanca, lo que ha generado críticas de la oposición y de autoridades locales. Al mismo tiempo, mantiene su política de equilibrio fiscal y advierte que vetará cualquier iniciativa que ponga en riesgo el superávit. En el plano económico, se destaca la desaceleración de la inflación, que alcanzó el 1,5% en el último mes, aunque persisten problemas como el aumento del desempleo y la recesión en el sector pyme.

La situación se complejiza con la revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en un contexto de dificultades para cumplir las metas de reservas. Mientras tanto, la oposición denuncia persecución política y sectores sociales y sindicales anuncian protestas y posibles medidas de fuerza.

El escenario político y económico argentino se mantiene volátil, con la atención puesta en la evolución de la crisis y en las próximas elecciones, que serán determinantes para el rumbo del país.