El concejal Jonatan Arce, representante de Fuerza Patria en el Concejo Deliberante de Bahía Blanca, presentó su renuncia este domingo tras negarse a realizar un test de alcoholemia durante un control vehicular en la madrugada del viernes. El episodio, que involucró a un integrante de la Comisión de Tránsito y Transporte, generó un fuerte impacto político y social en la ciudad bonaerense.

Según informaron fuentes municipales y medios locales, Arce fue detenido en un operativo de rutina y, al negarse a someterse al test, fue sancionado conforme a la normativa vigente, que considera la negativa como "positivo por presunción". La multa impuesta asciende a $1.412.800. El hecho se viralizó rápidamente, especialmente después de que Santiago Saccoccia, padre de una víctima fatal de siniestro vial por alcohol, reclamara públicamente la renuncia del edil.

En un comunicado difundido en redes sociales, Arce reconoció su error y asumió la responsabilidad: "Actué de manera incorrecta y quiero reconocerlo con total honestidad, sin excusas". El ahora exconcejal entregó la documentación solicitada y aceptó la sanción, subrayando que su decisión de renunciar busca no afectar el funcionamiento institucional ni perjudicar a su espacio político. "La coherencia debe estar siempre por encima de los cargos, y los cargos nunca por encima de los valores", afirmó.

La renuncia de Arce ocurre en una semana clave para el Concejo Deliberante, que debe debatir la suba de tasas municipales. El alejamiento del edil abre interrogantes sobre su reemplazo, ya que la normativa provincial no exige paridad de género y la definición suele depender de acuerdos políticos internos. Entre los posibles sucesores figuran Lucía Veláustegui y otros candidatos de la lista original de 2023.

El caso de Arce se suma a antecedentes similares en la provincia de Buenos Aires, donde otros funcionarios debieron dejar sus cargos por rechazar controles de alcoholemia. La política de "tolerancia cero" al alcohol al volante se ha consolidado como una regla no escrita en la gestión municipal de Bahía Blanca, reforzando el mensaje de ética y responsabilidad institucional. Hasta el momento, ni el Ejecutivo local ni el bloque oficialista han emitido declaraciones públicas sobre el caso.