La Justicia argentina avanza en la ejecución del decomiso de bienes de Cristina Fernández de Kirchner, tras la confirmación de su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad. El fallo de la Corte Suprema ratificó la responsabilidad de la exmandataria en la administración fraudulenta de fondos públicos, en el marco del direccionamiento de contratos de obra pública a favor de Lázaro Báez, por un monto total de USD 3.500 millones.

Como parte de la sentencia, el Tribunal Oral Federal 2 dispuso el decomiso solidario de aproximadamente USD 500 millones entre los condenados, de los cuales a Cristina Kirchner le corresponderían USD 55 millones, cifra que aún está siendo revisada por peritos judiciales. La Justicia investiga una maniobra de insolvencia fraudulenta, ya que en 2016 la ex presidenta transfirió la mayor parte de su patrimonio a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, poco después de ser procesada en la causa. Esta transferencia incluyó propiedades, cuentas bancarias, acciones y vehículos, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en Santa Cruz.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, junto a la Unidad de Información Financiera, consideran que los bienes ofrecidos por la defensa para cubrir el embargo son insuficientes y que parte de los activos podría estar oculta o en poder de terceros. Actualmente, la Justicia mantiene embargos sobre más de 50 propiedades y activos de la familia Kirchner y sociedades vinculadas, y se prevé el remate de estos bienes si no se deposita la suma requerida en los próximos días.

El patrimonio declarado por Cristina Kirchner en 2023 asciende a $249 millones, compuesto principalmente por acciones en empresas internacionales y el usufructo de dos inmuebles. Sin embargo, los fiscales sostienen que esta cifra no refleja la verdadera magnitud de los fondos ilícitos obtenidos.

El decomiso de bienes busca resarcir al Estado por el daño causado y podría destinarse a fines sociales, como la construcción de escuelas y hospitales. El caso se enmarca en los compromisos internacionales de Argentina para la recuperación de activos provenientes de la corrupción. El proceso judicial continúa bajo intensa atención mediática y política, mientras sectores sociales y políticos reclaman transparencia y la efectiva recuperación de los fondos públicos.