El Gobierno nacional oficializó una profunda reforma de la Policía Federal Argentina (PFA) a través del Decreto 383/2025, presentado por el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La medida redefine el perfil de la fuerza, orientándola principalmente a la prevención, detección e investigación de delitos federales y complejos, y establece la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), inspirado en el modelo del FBI estadounidense.

Entre los cambios más significativos, el nuevo estatuto habilita a la PFA a realizar requisas y detenciones sin orden judicial en determinadas circunstancias, así como tareas de ciberpatrullaje en espacios digitales públicos. El Gobierno argumenta que estas facultades son necesarias para enfrentar el crimen organizado y modernizar la fuerza, dotándola de herramientas tecnológicas y operativas acordes a los desafíos actuales. “Vamos a aprender de los mejores, de Estados Unidos e Israel”, afirmó Milei durante el acto de presentación.

Sin embargo, la reforma fue implementada por decreto, sin debate en el Congreso, lo que generó fuertes críticas de la oposición y de organismos de derechos humanos. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que la falta de controles judiciales y la ampliación de facultades policiales pueden derivar en la criminalización de la protesta social y en intervenciones sin control sobre la vida privada de los ciudadanos. “El decreto es muy ambiguo y deja muchas ventanas abiertas”, señaló la exministra Sabina Frederic.

El nuevo esquema también implica una reducción progresiva del personal de la PFA, con el objetivo de redirigir recursos a la modernización tecnológica. Además, la fuerza pierde definitivamente sus funciones de seguridad local en la Ciudad de Buenos Aires, consolidando su perfil federal.

La constitucionalidad del decreto está en discusión, ya que opositores y expertos sostienen que una reforma de esta magnitud debería haberse debatido en el Parlamento. “Imponer una reforma así, sin consenso y sin pasar por el Congreso, no es fortalecer la seguridad, es debilitar la democracia”, advirtió el diputado José Glinski.

El debate sobre el alcance y los riesgos de la reforma continúa abierto, en un contexto de alta tensión política y social, marcado por protestas y cuestionamientos a la ampliación de las facultades policiales.