El pasado 18 de junio, la delegación del PAMI en la ciudad rionegrina de El Bolsón permaneció cerrada, dejando sin atención a decenas de adultos mayores y afiliados que acudieron a realizar trámites esenciales. La decisión fue tomada por el coordinador y cuatro empleados administrativos, quienes optaron por no abrir las puertas en solidaridad con la marcha nacional en defensa de la ex presidenta Cristina Kirchner, realizada ese mismo día en Plaza de Mayo tras la confirmación de su condena judicial.

La medida generó un fuerte malestar en la comunidad local y rápidamente escaló a nivel nacional. Una denuncia realizada por una vecina, que relató en redes sociales cómo su madre de 89 años no pudo ser atendida, visibilizó el impacto de la decisión en los sectores más vulnerables. "Lo que encontramos fue desolador: puertas cerradas, vidrios cubiertos de carteles de paro, ni un mínimo de atención, ni una persona que nos reciba", expresó la denunciante.

Las autoridades del PAMI, encabezadas por Esteban Leguizamo, confirmaron la apertura de un expediente administrativo y la realización de una auditoría interna, que constató que los empleados permanecieron dentro del local sin atender al público ni despachar trámites. El área de legales del organismo evalúa sanciones que podrían incluir suspensiones o despidos para los involucrados.

La reacción política no se hizo esperar. La diputada nacional Lorena Villaverde (La Libertad Avanza-Río Negro) repudió el accionar de los empleados, afirmando: "Ningún sector político puede hacer uso de las instituciones del Estado como trinchera ideológica y tener a los ciudadanos, en este caso a nuestros abuelos, como rehenes de su militancia".

El episodio reavivó el debate sobre la politización de las oficinas públicas y la responsabilidad de los funcionarios estatales. Además, puso en discusión la dificultad de aplicar sanciones efectivas en el sector público y la necesidad de garantizar la continuidad de los servicios esenciales, especialmente para los adultos mayores.

El caso de El Bolsón se suma a otros episodios similares en el país y plantea interrogantes sobre el funcionamiento y la gestión de los recursos en las instituciones estatales. Mientras se esperan definiciones sobre las sanciones, el hecho sigue generando repercusiones en la opinión pública y en el ámbito político nacional.