La Justicia argentina dictó un fallo clave para la protección ambiental en Nordelta, el exclusivo complejo urbanístico ubicado en Tigre, provincia de Buenos Aires. El 27 de noviembre de 2025, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín ordenó la suspensión inmediata de nuevos proyectos de urbanización y prohibió la castración química de carpinchos, permitiendo únicamente métodos de control poblacional como vasectomías y vacunación anticonceptiva.

La resolución, firmada por los jueces Jorge Saulquin y Luciano Enrici, establece que Nordelta S.A. deberá abstenerse de realizar obras de infraestructura, movimientos de suelo, drenajes, rellenos o cualquier alteración de cuerpos de agua en zonas no consolidadas, hasta tanto se realicen y aprueben los estudios de impacto ambiental requeridos. Además, se prohíbe la instalación de cercos o tablestacados que impidan el libre tránsito de la fauna, con el objetivo de evitar la fragmentación del hábitat y el riesgo de ahogamiento de crías de carpincho.

El fallo también restringe el uso de agroquímicos y fumigaciones que puedan afectar la fauna silvestre, salvo aquellas ordenadas por autoridades sanitarias competentes. Las obras de mantenimiento de servicios públicos esenciales deberán ejecutarse con recaudos para no dañar el ecosistema.

La abogada Nora Nouche, representante de la Asociación Vecinal Ecodefensa Nuevo Delta, celebró la decisión judicial y la calificó como "un paso firme hacia la justicia ambiental". El tribunal remarcó que "los intereses económicos no pueden prevalecer sobre el bienestar ambiental y la biodiversidad argentina".

El conflicto entre el desarrollo inmobiliario y la protección de los humedales en Nordelta lleva años. La presencia de carpinchos, habitantes originarios del humedal, generó tensiones con los vecinos y motivó denuncias de organizaciones ambientales por prácticas de control poblacional y alteración del ecosistema. El reciente fallo es considerado un precedente para la defensa de los humedales bonaerenses y una oportunidad para repensar el desarrollo urbano en equilibrio con la naturaleza.

La medida judicial se mantendrá vigente hasta que se dicte una sentencia definitiva o se aprueben los estudios ambientales exigidos, marcando un hito en la relación entre urbanización y conservación ambiental en la Argentina.