El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, confirmó que la provincia no ingresará de inmediato los USD 800 millones obtenidos mediante un bono internacional, a pesar del pedido realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo. La decisión, según explicó Pullaro en entrevistas y declaraciones públicas, responde a la necesidad de proteger los recursos provinciales ante la volatilidad del tipo de cambio y asegurar que los fondos se utilicen exclusivamente para obra pública.

El crédito, autorizado por el Ejecutivo provincial y colocado en los mercados internacionales a nueve años con una tasa anual del 8,1%, fue ampliamente demandado por inversores, lo que la gobernación interpretó como una muestra de confianza en la gestión fiscal de Santa Fe. "Los dólares los tenemos afuera, y los vamos a ir trayendo en función del pago de certificados de obras. Nación pretendía que los trajésemos ya, pero es muy difícil encajarlos con lo que va aumentando el dólar", señaló Pullaro, quien remarcó que la provincia no puede asumir el riesgo de pérdida de valor si los fondos se ingresan sin una cobertura adecuada.

El gobernador sostuvo que, si existiera algún instrumento financiero que garantizara la protección ante una suba del dólar, la provincia estaría dispuesta a traer los fondos. "Queremos que al país le vaya bien y, si podemos colaborar con el Gobierno nacional, lo vamos a hacer. Siempre lo hicimos", afirmó Pullaro, aunque aclaró que la prioridad es resguardar el patrimonio provincial.

La relación entre Santa Fe y la Casa Rosada se mantiene institucional, aunque marcada por reclamos pendientes, como la reparación de rutas nacionales y la restitución de fondos previsionales. Fuentes provinciales enfatizaron que la postura de Santa Fe no constituye un desafío político, sino una decisión basada en criterios técnicos y financieros.

El pedido de Caputo se produce en un contexto de presión sobre las reservas nacionales, dado el próximo vencimiento de deuda por USD 4.300 millones. Mientras tanto, Santa Fe administra los recursos obtenidos en condiciones de mercado internacional, con compromisos contractuales para infraestructura y una interpretación estricta que prioriza la ejecución de obras y la preservación del valor de los fondos.

El desenlace de la negociación dependerá de la posibilidad de establecer mecanismos de cobertura cambiaria y de la evolución de los reclamos provinciales. La definición sobre cómo y cuándo ingresarán los USD 800 millones será clave para la política económica nacional y provincial en los próximos meses.