Diputados de La Libertad Avanza presentaron una denuncia penal contra la exintegrante de su bloque, Marcela Pagano, por presunto enriquecimiento ilícito, omisión maliciosa en la declaración jurada patrimonial y administración fraudulenta. La denuncia, radicada ante el Juzgado Federal N°1 de María Servini, también involucra a la pareja de Pagano, Franco Bindi, a quien se le atribuye un rol relevante en las maniobras investigadas.

Según los legisladores denunciantes, existen irregularidades en la evolución patrimonial de Pagano y omisiones en la declaración de bienes, así como vínculos económicos con sociedades relacionadas a Bindi. "El núcleo indestructible de la presente denuncia reside en tres hechos objetivos que surgen de las propias declaraciones juradas de la Diputada Pagano", señalaron en el escrito, mencionando la desaparición de un departamento, la omisión de bienes de su conviviente y la declaración de una tenencia en divisas de origen dudoso.

Pagano, por su parte, negó las acusaciones y sostuvo que no administra fondos públicos ni tiene contratos con el Estado. "Como diputada nacional no administro fondos públicos, ni presupuesto, ni firmo licitaciones, ni ninguna otra actividad que tenga relación con la administración de patrimonio del Estado", afirmó. Además, justificó la omisión de bienes por cuestiones de fechas y aseguró que sus declaraciones juradas están al día.

En paralelo, la diputada se presentó en Comodoro Py para ampliar su denuncia contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito, aportando documentación sobre una supuesta empresa offshore vinculada a Adorni y el periodista Marcelo Grandío. Adorni, en su exposición ante el Congreso, negó cualquier irregularidad y la existencia de contratos con Grandío.

El caso se desarrolla en un contexto de fuerte enfrentamiento político, con denuncias cruzadas entre oficialismo y oposición. Legisladores de La Libertad Avanza sostienen que existen indicios serios de delitos y piden una investigación urgente, mientras que Pagano denuncia una persecución política. El desenlace judicial de estas acusaciones podría tener implicancias en la transparencia y la ética en la función pública argentina.