La Corporación Minera del Neuquén (Cormine SEP) solicitó al Juzgado Comercial 23 de la Nación, bajo la subrogancia de la jueza María Soledad Casazza, que se declare la quiebra de Trident Southern Explorations SRL, empresa que desde 2020 abandonó la explotación de la mina de Andacollo, ubicada en el norte de la provincia de Neuquén. El pedido judicial responde a la intención del gobierno provincial de recuperar el yacimiento y avanzar en una nueva licitación pública, tanto nacional como internacional, para reactivar la producción minera en la región.

El presidente de Cormine, Mariano Brillo, explicó que "hace cuatro años que la mina está sin funcionar, porque la empresa abandonó todo. Pasó mucho tiempo y hoy por hoy tenemos la decisión del gobernador de defender los intereses de Neuquén. Por ese motivo solicitamos a la jueza que decrete la quiebra de esta empresa para que Cormine, que es el titular de la mina, la recupere". Trident Southern Explorations SRL, que había obtenido el usufructo minero en 2016, entró en concurso de acreedores en 2020 y desde entonces no cumplió con el pago de canon ni salarios, acumulando una deuda superior a 1.700.000 dólares.

El proceso de salvataje, a cargo de una empresa interesada en adquirir la firma, lleva dos años sin avances concretos. El plazo otorgado por la jueza para presentar una oferta fue prorrogado nuevamente por 72 horas, pero Cormine y la Fiscalía de Estado insisten en que los reiterados incumplimientos justifican la declaración de quiebra. "Buscamos que se presenten las empresas más serias, las que tengan mayor respaldo, las que sepan de minería, las que tengan antecedentes. No cualquier empresa que quiera para hacer un negocio minero", agregó Brillo.

La mina de Andacollo fue históricamente una de las principales fuentes de empleo privado en el norte neuquino. Tras el abandono del proyecto, más de 200 trabajadores recibieron asignaciones familiares de emergencia, aunque en 2024 ese número se redujo a 138 gracias a reubicaciones en otros proyectos productivos. El gobierno provincial sostiene que la resolución definitiva del conflicto permitirá ordenar la administración estatal y distribuir los recursos de manera eficiente, en línea con la política de transparencia impulsada por el gobernador Rolando Figueroa.