Un caso de abuso sexual y secuestro ha conmocionado a la comunidad de Las Heras, Mendoza. Víctor Aníbal Rodríguez, de 50 años, fue detenido tras ser acusado de secuestrar y abusar sexualmente de una joven universitaria de 20 años. El ataque ocurrió el pasado 7 de abril, cuando la víctima regresaba de la universidad y fue abordada por Rodríguez en una zona desolada. Según el relato de la joven, el agresor la llevó a su casa, donde la mantuvo cautiva durante varias horas, la amenazó con un cuchillo y la sometió a abusos sexuales. Finalmente, logró escapar y fue asistida por un colectivero que la llevó a su hogar.

La detención de Rodríguez se produjo tras un operativo policial en El Algarrobal, a 13 kilómetros del lugar del ataque. El fiscal Darío Nora lo imputó por múltiples delitos, incluyendo abuso sexual agravado, rapto y uso de armas. Además, enfrenta denuncias previas por abuso de menores, presentadas por su propia familia en 2024. De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 50 años de prisión.

La madre de la víctima expresó su alivio por la detención, pero también su preocupación por la seguridad de su familia. "Ha estado merodeando nuestra casa; nos sentimos desprotegidos", declaró. La familia decidió mudarse por temor a represalias. La abogada de la víctima, Viviana Beigel, calificó el caso como "sumamente grave" y anticipó un largo proceso judicial.

El caso ha generado indignación en la comunidad de Las Heras, donde vecinos y allegados a la víctima organizaron vigilias y manifestaciones. Incluso intentaron quemar la casa del acusado en señal de protesta. Este incidente pone en evidencia las fallas en el sistema de protección y justicia para las víctimas de violencia sexual, así como la necesidad de reforzar la seguridad en zonas rurales.

Rodríguez tiene un historial delictivo que incluye privación ilegítima de la libertad y abuso deshonesto desde los años 90. A pesar de esto, logró evadir a la justicia en múltiples ocasiones. Ahora, el caso está en manos de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual, que busca garantizar que el acusado enfrente las consecuencias de sus actos.

La comunidad espera que este caso marque un punto de inflexión en la lucha contra la violencia de género y la impunidad en la región. Mientras tanto, la familia de la víctima continúa buscando justicia y seguridad, enfrentando un proceso judicial que promete ser largo y complejo.