En medio de una profunda crisis económica y financiera, el gobierno argentino encabezado por Javier Milei explora la posibilidad de obtener un auxilio financiero del Tesoro de los Estados Unidos. Esta iniciativa ha generado una fuerte reacción en el Congreso, donde legisladores de la oposición han presentado proyectos para exigir que cualquier acuerdo de endeudamiento externo sea sometido a la aprobación parlamentaria, en cumplimiento de la Constitución Nacional y la denominada "Ley Guzmán".

El diputado nacional Máximo Kirchner presentó un proyecto que establece que todo empréstito tomado con el Tesoro norteamericano sin la aprobación de ambas cámaras del Congreso debe ser considerado nulo de nulidad absoluta e insanable. "El desmanejo de Milei y Caputo con la deuda exige la intervención del Congreso", advirtió Kirchner, quien también señaló la falta de transparencia y la ausencia de rendición de cuentas por parte del Ejecutivo.

En paralelo, otros legisladores impulsan la modificación de la Ley Guzmán para ampliar el control parlamentario a todo tipo de deuda externa, no solo la contraída con el Fondo Monetario Internacional. El objetivo es que cualquier operación de crédito público, incluidos swaps, bonos y préstamos bilaterales, deba ser tratada y aprobada por el Congreso antes de su efectivización.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, confirmó que se negocia una línea swap de hasta 20.000 millones de dólares y la posible compra de bonos argentinos, además de un crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria. El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente Milei han asegurado que no existen condicionamientos en las negociaciones, aunque la oposición desconfía y reclama mayor control y transparencia.

El senador Martín Lousteau advirtió sobre los riesgos de un salvataje estadounidense y la posibilidad de que se busque eludir el control parlamentario. "Trump no hace nada gratis. Todo es en base a qué consigue, no hace altruismo", afirmó Lousteau, señalando posibles intereses estratégicos de Estados Unidos en la región.

El Congreso también reclama informes trimestrales y comparecencias obligatorias de funcionarios sobre el estado de la deuda pública y las negociaciones en curso. La situación se da en un contexto de alta volatilidad cambiaria, pérdida de reservas internacionales y recesión, mientras el gobierno de Milei enfrenta críticas por su política de confrontación con el Poder Legislativo y la falta de un presupuesto aprobado.

El debate sobre el control parlamentario del endeudamiento externo se intensifica, con la oposición advirtiendo sobre los riesgos para sectores estratégicos y la importancia de respetar la institucionalidad democrática. El desenlace de las negociaciones con el Tesoro estadounidense y la respuesta del Congreso serán determinantes para el futuro económico y político del país.