La senadora nacional por Córdoba, Carmen Álvarez Rivero (PRO), desató una fuerte polémica en el Senado al afirmar durante el plenario de comisiones que "no cree que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados". Sus declaraciones se produjeron en el marco del debate sobre el proyecto de emergencia pediátrica, que busca asignar recursos prioritarios a hospitales infantiles de alta complejidad.

La frase de Álvarez Rivero generó un inmediato rechazo entre sus pares. La presidenta de la comisión de Salud, Lucía Corpacci, le respondió: "Todos tienen derecho a la atención". Guadalupe Tagliaferri, también del PRO, recordó que la Constitución Nacional y la Convención Internacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes garantizan el acceso equitativo a la salud. Martín Lousteau (UCR) fue contundente: "Un país es injusto cuando el acceso a la atención depende del lugar donde uno nace. Decir que los niños con patologías graves no tienen derecho a ser atendidos en el Garrahan muestra cuán proclive a la injusticia es la cabeza de una persona".

Álvarez Rivero intentó luego aclarar sus dichos, argumentando que fue "malinterpretada" y que "los chicos que se operan en el Garrahan no tienen nada que ver en esta discusión". Sin embargo, insistió en que la competencia de la salud es provincial y que el hospital Garrahan atiende mayoritariamente a la población de la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA.

El debate se desarrolló en un contexto de reclamos por federalismo y distribución de recursos en el sistema sanitario argentino. La senadora cordobesa pidió que se asignen más fondos a su provincia, señalando que Córdoba atiende a pacientes de otras jurisdicciones y que el impacto económico recae sobre los cordobeses.

Finalmente, el plenario de comisiones firmó el dictamen para declarar la emergencia sanitaria pediátrica por un año, lo que implicará la asignación prioritaria de recursos para infraestructura, insumos, medicamentos y personal esencial en hospitales pediátricos. El proyecto también contempla la recomposición salarial para el personal de salud y la eximición del pago de ganancias para quienes atienden actividades críticas. El impacto fiscal estimado para la medida es de $65.573 millones entre julio y diciembre.

La controversia evidenció las tensiones políticas y sociales en torno al acceso equitativo a la salud y la organización del sistema sanitario nacional. El dictamen será tratado próximamente en el recinto, en medio de un clima de debate sobre el federalismo y la justicia social en la atención pediátrica.