La expresidenta Cristina Kirchner, actualmente bajo prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111, Constitución, fue el centro de una serie de operativos policiales y manifestaciones en los últimos días. Tras la ratificación de su condena a seis años de prisión e inhabilitación política por la Corte Suprema, la zona de su residencia se transformó en un punto de encuentro para militantes que expresan su apoyo.

En la madrugada del viernes, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ordenó un fuerte operativo de la Policía Federal en las inmediaciones del domicilio de Kirchner. La exmandataria denunció que la acción fue "ilegal" y realizada sin orden judicial, acusando a Bullrich de buscar "provocar conflicto y caos". En un mensaje grabado dirigido a sus seguidores, Cristina pidió que no se manifestaran frente a su casa y que el banderazo de apoyo se trasladara a Parque Lezama, donde miles de personas se congregaron pacíficamente.

El Gobierno de la Ciudad, por su parte, desplegó un operativo de limpieza en la zona, retirando carteles, pancartas y estructuras instaladas por los militantes. Según fuentes oficiales, el costo de estas tareas ascendió a 237 millones de pesos e incluyó la participación de 300 barrenderos y más de 150 policías. A pesar de la remoción, parte de la cartelería fue repuesta por los manifestantes, lo que motivó la continuidad de los operativos nocturnos.

La Justicia advirtió a la exmandataria sobre la necesidad de no alterar la tranquilidad del barrio como condición para mantener el beneficio de la prisión domiciliaria. La defensa de Kirchner recurrió la restricción de visitas impuesta por el Tribunal Oral Federal N°2, calificándola de "arbitraria" y violatoria de sus derechos civiles y políticos.

Patricia Bullrich defendió el operativo, argumentando que era necesario para "mantener el orden" y responder a las quejas de vecinos por las manifestaciones. "Las Fuerzas Federales van a mantener el orden, siempre. Sin importar las amenazas de un sector de la política. Y acuérdense, el que las hace, las paga", afirmó la ministra en redes sociales.

El episodio refleja la persistente tensión política y social en torno a la figura de Cristina Kirchner y la polarización que atraviesa al país. Mientras la militancia reorganiza sus muestras de apoyo, el Gobierno y la Justicia mantienen la vigilancia sobre el cumplimiento de las condiciones impuestas a la exmandataria, en un contexto de alta sensibilidad política y social.