El debate por la reforma a la Ley de Glaciares en Argentina se intensificó en la Cámara de Diputados, donde la iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, enfrenta posturas encontradas entre provincias mineras, ambientalistas y distintos sectores políticos. El proyecto propone que las provincias tengan la facultad de definir las zonas periglaciares, lo que resulta clave para autorizar o restringir proyectos mineros en áreas sensibles.

La discusión se extendió para incluir la participación de gobernadores y, a pedido de la oposición, la posible convocatoria de expertos constitucionalistas y académicos. La próxima reunión informativa está prevista para el 7 de abril, con la intención de firmar dictamen ese mismo día o el siguiente, y llevar la reforma al recinto para su votación entre el 8 y el 9 de abril. "La minería es una actividad ineludible", afirmó Gustavo Fernández, ministro de Producción de San Juan, en defensa de la reforma, mientras que el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, reiteró su rechazo y destacó la oposición de los senadores de su provincia.

El proyecto ha reactivado el conflicto político entre provincias mineras, que buscan avanzar con inversiones y proyectos extractivos, y sectores ambientalistas, que ya manifestaron un rechazo masivo en las audiencias públicas realizadas en Diputados. Más de 100.000 personas se inscribieron para expresar su posición, reflejando el alto interés social y la polarización del tema.

Desde la oposición, se insiste en la necesidad de ampliar la ronda de expositores para incluir a constitucionalistas y académicos, con el objetivo de evitar cuestionamientos posteriores y reducir el riesgo de judicialización. El diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) solicitó que se convoque también a gobernadores de distritos cuyas cuencas hídricas podrían verse afectadas, no solo a los de provincias mineras.

El trasfondo del debate incluye la presión de la industria minera, la preocupación por la protección de recursos hídricos estratégicos y la histórica tensión entre desarrollo económico y preservación ambiental en la región andina. El oficialismo, representado por La Libertad Avanza, asegura contar con los votos necesarios para sancionar la reforma, mientras la oposición anticipa que, de aprobarse, buscará frenar su aplicación en la Justicia. El desenlace de este debate será clave para el futuro de la política ambiental y productiva en Argentina.