El Tribunal de Disciplina del Foro de Abogados de San Juan resolvió inhabilitar de por vida a Julián Gil, exintendente de Caucete, para ejercer la abogacía. La decisión se fundamenta en la condena judicial que recibió Gil por encubrimiento agravado en dos casos de abuso sexual, un hecho que, según la normativa provincial, afecta el decoro y la ética profesional del ejercicio de la abogacía.

La resolución, tomada por el tribunal presidido por Carla Nale, establece la exclusión de Gil de la matrícula profesional, aunque la sanción aún no es definitiva. El exintendente tiene la posibilidad de apelar en dos instancias: primero ante el Directorio del Foro de Abogados y, en caso de ser rechazada, ante el Juzgado Contencioso Administrativo. Hasta que la sentencia quede firme, Gil podrá continuar ejerciendo la profesión.

El caso que motivó la sanción se originó a partir de una grabación en la que Gil, actuando como abogado defensor, habría intentado sobornar a la madre de una víctima de abuso sexual. Según la declaración de la mujer, Gil le ofreció dinero y le indicó cómo debía modificar su testimonio para favorecer a su defendido. La víctima relató que aceptó el soborno por necesidad económica y que luego se arrepintió, reconociendo el daño causado.

El 23 de agosto de 2024, en un juicio abreviado, la jueza Verónica Chicón condenó a Gil a un año de prisión en suspenso por encubrimiento agravado. La detención de Gil en los pasillos del Palacio de Tribunales generó un fuerte impacto en la comunidad local, dada su notoriedad como exjefe comunal.

La exclusión de la matrícula de Gil se enmarca en la Ley provincial 127 A, que prevé sanciones disciplinarias para abogados condenados por delitos que afectan la ética profesional. El caso ha reavivado el debate sobre la responsabilidad y la conducta ética en el ejercicio de la abogacía en Argentina. Se espera que el proceso de apelación defina en última instancia la situación profesional de Gil y siente un precedente en materia disciplinaria.