El Juzgado Federal N° 1 de Santa Fe dictó el procesamiento con prisión preventiva para Jorge Osvaldo "Puré" Cabrera, acusado de ser el autor de los llamados extorsivos en el secuestro de un joven de 27 años con discapacidad, ocurrido en abril de 2023 en la ciudad de Gálvez. La resolución, firmada por el juez Carlos Villafuerte Ruzo, responde al pedido de la fiscalía federal, que logró identificar a Cabrera tras un peritaje de voz y un informe de geolocalización realizados por la Policía Federal Argentina.

La víctima, diagnosticada con síndrome de Kabuki y dependiente de insulina, fue secuestrada cuando regresaba a su casa tras trabajar en un bar. Los secuestradores, familiares entre sí, lo trasladaron unos 100 kilómetros hasta una casilla en la localidad de Andino, donde permaneció cautivo durante 12 horas. Durante ese tiempo, los captores exigieron un rescate inicial de 200 mil dólares, que luego redujeron a 5 millones de pesos, y amenazaron a la familia con mensajes directos y precisos: “No es joda. 200 mil dólares o no lo ve más. Si llama a la cana, no lo ve más”.

El pago del rescate nunca se concretó, ya que la familia no logró ubicar el lugar de entrega. Finalmente, la víctima fue hallada sana y salva por un vecino en el punto previsto para su liberación. La investigación determinó que Cabrera, cuñado de los hermanos Quevedo y concuñado de Jonatán Petri (empleado administrativo del Ejército), fue quien realizó las llamadas extorsivas. El peritaje de voz arrojó una coincidencia del 68,4% entre los audios enviados a la madre de la víctima y mensajes de Cabrera a Petri. Además, la geolocalización de los teléfonos demostró que Cabrera se movió en sincronía con los otros implicados durante el secuestro.

El 18 de octubre de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe condenó a los hermanos Franco y Martín Quevedo a 13 años de prisión y a Petri a 11 años, todos por el mismo delito. La sentencia fue confirmada en abril de 2025. Cabrera, detenido el 28 de mayo, enfrenta ahora cargos agravados por la condición de la víctima y la participación de varios familiares en el hecho. La justicia subrayó la gravedad del caso y la presión ejercida sobre la familia, destacando la importancia de las pruebas técnicas para cerrar el círculo de responsables. El caso pone en relieve la vulnerabilidad de las víctimas y la necesidad de herramientas forenses avanzadas en la investigación de delitos complejos.