El cierre de listas para las elecciones locales en la provincia de Buenos Aires, previsto para el 7 de septiembre, estuvo envuelto en polémica tras una serie de cortes de electricidad en el Palacio Legislativo de La Plata. Estos cortes, ocurridos en momentos clave del proceso, obligaron a la Junta Electoral a prorrogar el plazo de inscripción de candidatos hasta el lunes a las 14 horas, generando suspicacias sobre la transparencia del proceso electoral.

La empresa Edelap, responsable del suministro eléctrico, había anunciado tareas de mantenimiento, pero los cortes no coincidieron con los horarios informados, sino que se produjeron justo cuando los partidos negociaban las últimas candidaturas. La jueza Hilda Kogan, presidenta de la Junta Electoral y de la Suprema Corte provincial, fue reconocida por su independencia, aunque las sospechas recayeron sobre posibles complicidades entre la empresa eléctrica y actores políticos. Tanto el presidente Javier Milei como su aliado Cristian Ritondo deslizaron dudas sobre la intencionalidad de los cortes.

El episodio se dio en un contexto de intensas negociaciones dentro del peronismo, que finalmente logró la unidad tras considerar la presentación de listas separadas. El fenómeno de las "candidaturas testimoniales", donde candidatos se postulan a cargos que no planean asumir, y el "garrochismo político", con dirigentes cambiando de partido, fueron duramente criticados por analistas y opositores, quienes advierten sobre el impacto negativo en la confianza ciudadana y el aumento del ausentismo electoral.

Buenos Aires, que concentra casi el 40% del electorado nacional, sigue utilizando el sistema de boleta sábana, lo que facilita la inclusión de candidatos poco comprometidos con los cargos a los que se postulan. El cierre de listas también evidenció la creciente influencia de Karina Milei y el nuevo "clan Menem" en la definición de candidaturas, desplazando a otros actores tradicionales.

El proceso dejó en evidencia la fragilidad de los mecanismos democráticos y la necesidad de mayor transparencia en la selección de candidatos, en un contexto de desconfianza y polarización política. Las consecuencias de estos episodios podrían sentirse en la participación electoral y en la legitimidad de los futuros representantes.