El Gobierno nacional avanzó con la liquidación definitiva del Fondo Fiduciario Pro.Cre.Ar, el emblemático programa de acceso a la vivienda lanzado en 2012. La medida, oficializada mediante la Resolución 764/2025 publicada en el Boletín Oficial, establece el cierre operativo del fondo y el traspaso de la administración de los créditos vigentes al Banco Hipotecario S.A., que continuará gestionando los préstamos bajo las condiciones originales.

La decisión se fundamenta en la necesidad de reducir el gasto público, transparentar la gestión estatal y delegar la financiación de viviendas a bancos comerciales, tanto públicos como privados. Según los considerandos oficiales, el programa se había convertido en una “pesada carga” para las finanzas públicas y presentaba dificultades de control y fiscalización. Auditorías de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectaron demoras en la entrega de viviendas, sobrecostos, falta de condiciones de habitabilidad y deficiencias en la administración.

A partir de ahora, los créditos hipotecarios y personales otorgados bajo el Procrear mantendrán sus condiciones contractuales, sin modificaciones en montos, tasas de interés ni cronogramas de pago. El Banco Hipotecario continuará con la gestión de cobros y administración, mientras que la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial supervisará la transferencia de fondos y la posible venta de carteras de créditos con bajo rendimiento.

En cuanto a las viviendas y desarrollos urbanísticos en curso, la responsabilidad de finalización y adjudicación recaerá en las provincias, municipios o, en su defecto, el sector privado. En distritos como la provincia de Buenos Aires, las autoridades locales ya asumieron el compromiso de concluir las obras con fondos propios. Los inmuebles no afectados a contratos vigentes serán transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) o restituidos a los aportantes originales.

El cierre del Procrear se inscribe en un proceso de reforma estatal más amplio, impulsado por la Ley 27.742 de emergencia pública, que habilita la disolución de fondos fiduciarios para optimizar el funcionamiento del Estado. El Gobierno sostiene que la financiación de viviendas debe ser una actividad propia de los bancos y no del Estado nacional. Sin embargo, la medida genera incertidumbre entre los beneficiarios y críticas por el impacto en el acceso a la vivienda, especialmente para sectores medios y trabajadores formales. El futuro de los proyectos inconclusos dependerá ahora de la capacidad de gestión de las jurisdicciones locales y del mercado inmobiliario.