El juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017 y que costó la vida a 44 tripulantes, avanza hacia su etapa final en el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos. En la última audiencia, la querella que representa a familiares de las víctimas solicitó la pena máxima de cinco años de prisión efectiva e inhabilitación especial para cuatro exoficiales de la Armada Argentina, acusados de incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y estrago culposo agravado.

La fiscalía, en línea con la querella, también pidió penas de prisión para los imputados, argumentando que el ARA San Juan zarpó en condiciones técnicas deficientes y que los responsables de la cadena de mando estaban al tanto de las fallas y omitieron tomar medidas preventivas. Según la acusación, el hundimiento no fue un hecho fortuito, sino el resultado de una serie de omisiones y decisiones institucionales que incrementaron el riesgo para la tripulación.

Durante el debate, se reconstruyó el derrotero del submarino y se documentaron desperfectos técnicos, la falta de mantenimiento y la postergación de inspecciones de seguridad. El comandante del ARA San Juan había solicitado formalmente el ingreso a dique seco meses antes de la tragedia, pero la petición no fue atendida por sus superiores. La querella enfatizó que la responsabilidad no recae únicamente en el comandante, sino en toda la cadena de mando, citando antecedentes judiciales argentinos sobre la obligación de supervisión y prevención de desastres.

Las defensas, por su parte, sostienen que el comandante tenía la última palabra sobre la navegabilidad del buque, pero la querella y la fiscalía argumentan que la estructura jerárquica de la Armada implica responsabilidades concurrentes. El juicio, que ha contado con testimonios de familiares y expertos, es considerado un caso testigo sobre la responsabilidad institucional en tragedias estatales y podría sentar un precedente para futuros procesos judiciales.

El tribunal deberá ahora evaluar las pruebas y alegatos presentados antes de dictar sentencia, en un proceso que sigue siendo seguido de cerca por la opinión pública y los familiares de las víctimas.