El Gobierno argentino, liderado por Javier Milei, enfrenta una crisis política tras una serie de derrotas legislativas en el Congreso. En las últimas jornadas, la Cámara de Diputados y el Senado rechazaron doce iniciativas consecutivas del oficialismo, incluyendo decretos presidenciales que buscaban reestructurar y eliminar organismos estatales como el INTA, el INTI, Vialidad Nacional, el Instituto del Teatro y el Banco Nacional de Datos Genéticos. Además, se aprobaron medidas de aumento de financiación universitaria y fondos para el hospital Garrahan, en Buenos Aires.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, defendió la postura del Ejecutivo, argumentando que las reformas se realizaron bajo las facultades delegadas por el propio Congreso en la Ley Bases. "Es medio ridícula la situación porque si te delegan y después te rechazan cuando vos utilizás la delegación, es como una cosa ilógica", expresó Francos en entrevistas radiales. El funcionario insistió en que los decretos ya están en vigencia y que el impacto del rechazo será limitado, anticipando que el Gobierno vetará todo lo que sea posible vetar.

La oposición, por su parte, logró reunir quórum y sumar aliados para rechazar las iniciativas del oficialismo, evidenciando el desgaste de la estrategia gubernamental de sostener un tercio de Diputados para evitar mayorías especiales. El rechazo legislativo se da en un contexto de movilizaciones sociales, reclamos por el ajuste fiscal y cuestionamientos al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sectores sindicales, estudiantiles y de derechos humanos se manifestaron en la Plaza de Mayo, exigiendo "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo".

El oficialismo también enfrenta tensiones internas y la pérdida de apoyo de aliados históricos, en medio de la campaña electoral y la reconfiguración de alianzas políticas. Francos acusó a la oposición de "demagogia" y de intentar romper el superávit fiscal, mientras que los opositores critican la eliminación de organismos clave y el impacto social de las reformas. El futuro político del Gobierno queda marcado por la proximidad de las elecciones legislativas y la incertidumbre sobre la capacidad de sostener sus políticas en un Congreso cada vez más adverso.