El Gobierno Nacional de Argentina ha lanzado la segunda etapa de la Red Federal de Concesiones (RFC), un proyecto que busca privatizar más de 4.400 kilómetros de rutas nacionales. Este plan, que incluye audiencias públicas programadas entre el 11 y el 13 de junio de 2025, tiene como objetivo transferir la gestión de estas rutas a empresas privadas, eliminando los subsidios estatales y promoviendo la inversión privada.

La Dirección Nacional de Vialidad, a través de la Resolución 827/2025, ha convocado a estas audiencias para discutir los detalles de la concesión. Los tramos a privatizar abarcan provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa, e incluyen rutas estratégicas como la autopista Rosario-Buenos Aires y la Ruta Nacional 3. Según el organismo, el nuevo sistema busca garantizar un mantenimiento eficiente y reducir los costos para el Tesoro Nacional.

Entre las obras previstas se encuentran la repavimentación de carreteras, la instalación de peajes con tecnología "Free Flow" y mejoras en la señalización y seguridad vial. Además, se ha asegurado que Vialidad Nacional supervisará los contratos de concesión para garantizar su cumplimiento en beneficio de los usuarios.

El proyecto ha generado diversas reacciones. Mientras el Gobierno resalta la transparencia y la promoción de la competencia como pilares fundamentales, algunos usuarios expresan preocupación por el impacto de los peajes en los costos de transporte. Por su parte, las empresas ven en este plan una oportunidad para invertir en infraestructura clave.

La primera etapa de la RFC ya incluyó la concesión de 700 kilómetros de la Ruta del Mercosur, y se espera que esta segunda fase continúe con el objetivo de modernizar la infraestructura vial del país. Sin embargo, el plan no está exento de críticas, especialmente por la eliminación de subsidios y su posible impacto en la accesibilidad de las rutas.

Con este proyecto, el Gobierno busca no solo mejorar la calidad de las rutas nacionales, sino también fomentar la integración territorial y el crecimiento económico. Las audiencias públicas serán un espacio clave para que ciudadanos y empresas expresen sus opiniones y propuestas, marcando un paso importante en la implementación de este ambicioso plan.