La crisis en el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) ha alcanzado niveles críticos, afectando a más de 600.000 afiliados en todo el país. La deuda acumulada supera los $200.000 millones y el déficit operativo mensual ronda los $10.000 millones, lo que ha llevado a la suspensión de la mayoría de las prestaciones médicas desde agosto. Actualmente, solo se garantizan atenciones urgentes, mientras que los afiliados deben recurrir al sistema privado y afrontar elevados costos, con reintegros que pueden demorar hasta ocho meses.

Ante este panorama, el Gobierno nacional avanza en un plan para dividir IOSFA. Según fuentes oficiales, la cobertura para el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea quedaría bajo la órbita del Ministerio de Defensa, mientras que Prefectura y Gendarmería pasarían al Ministerio de Seguridad. Esta propuesta, impulsada por la cartera que lidera Patricia Bullrich, busca ordenar las cuentas y mejorar la gestión, aunque enfrenta resistencia dentro del propio Ministerio de Defensa y entre los sindicatos.

El delegado de ATE en la Facultad de Ejército, Darío Cecotti, criticó la medida al considerar que "cambiarle el nombre a la obra social no es una solución sino maquillaje" y reclamó auditorías reales y mayor transparencia. Por su parte, la Defensoría del Pueblo de Formosa y el Jefe de la Armada, almirante Carlos María Allievi, manifestaron su preocupación por el impacto de la crisis en la salud y la economía de los afiliados, y exigieron una pronta normalización de los servicios.

El Gobierno reconoce que la deuda debe saldarse antes de cualquier reestructuración y negocia asistencia financiera con el Ministerio de Economía. Sin embargo, la división de IOSFA podría encarecer las compras de medicamentos y servicios, al reducir la masa de afiliados para negociar con laboratorios y prestadores.

Mientras tanto, los afiliados continúan movilizándose y exigiendo que sus aportes se traduzcan en una cobertura efectiva. La situación de IOSFA refleja una problemática más amplia en el sistema de obras sociales estatales, marcada por la falta de recursos, la mala administración y la necesidad de reformas estructurales. El desenlace de la crisis dependerá de las decisiones que adopte el Gobierno en las próximas semanas y de la capacidad de respuesta ante las demandas de los trabajadores y beneficiarios.