La comunidad de Tunuyán se encuentra conmocionada tras la muerte de Ayelén Moyano, una joven madre de 22 años, ocurrida luego de someterse a una cirugía de ligadura de trompas en el hospital Scaravelli. El hecho, que tuvo lugar el 17 de junio, derivó en una serie de reclamos y movilizaciones por parte de familiares, amigos y vecinos, quienes exigen justicia y respuestas claras sobre lo sucedido.

Según relataron los allegados de la víctima, Ayelén ingresó al hospital con todos los estudios prequirúrgicos realizados y la intervención estaba programada como un procedimiento de baja complejidad. Sin embargo, tras la operación, la joven no despertó de la anestesia y comenzó a mostrar signos de paro cardiorrespiratorio. Aunque fue reanimada, el daño cerebral resultante fue irreversible y falleció al día siguiente.

La familia sostiene la hipótesis de una posible negligencia médica, señalando que Ayelén podría haber recibido una dosis de anestesia superior a la necesaria. Incluso, se sospecha que la dosis preparada para otra paciente pudo haber sido administrada erróneamente. Ante la falta de respuestas inmediatas por parte de las autoridades hospitalarias, los familiares presentaron una denuncia formal y encabezaron una marcha en reclamo de justicia.

En respuesta, el hospital Scaravelli inició una investigación administrativa interna y apartó preventivamente a cuatro trabajadores de la salud involucrados en la atención de Ayelén. "Toda la documentación está a disposición de la Justicia", aseguraron desde la institución, mientras que el Ministerio de Salud provincial confirmó la colaboración con la investigación judicial, que continúa bajo secreto de sumario.

Durante la movilización, el padre de la joven expresó su dolor: "Mi hija entró sana al hospital y me la devolvieron en un cajón". Por su parte, la pareja de Ayelén, Diego Gambarte, reclamó respuestas y advirtió sobre la falta de contención institucional tras el hecho.

El caso ha generado un fuerte impacto en el Valle de Uco y reavivó el debate sobre la calidad de la atención médica en hospitales públicos. Las autoridades aseguran que, de comprobarse responsabilidades, las sanciones serán definitivas. Mientras tanto, la comunidad sigue exigiendo justicia y el esclarecimiento total de lo ocurrido.