El Gobierno nacional formalizó este miércoles la privatización total de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), la empresa responsable del servicio de agua potable y saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense. Mediante el Decreto 494/2025, publicado en el Boletín Oficial, se dispuso la venta del 90% de las acciones que actualmente pertenecen al Estado nacional, en un proceso que se realizará en dos etapas.

La privatización se enmarca en la Ley Bases recientemente aprobada por el Congreso, que habilitó cambios regulatorios profundos. Entre las modificaciones más relevantes, se destaca la autorización para que la empresa –y su futura concesionaria privada– pueda cortar el suministro de agua por falta de pago, una medida que hasta ahora estaba vedada y que genera preocupación en sectores sociales y sindicales. "Ante la primer mora en un mes, la empresa en el término de 15 días tiene la facultad de cortar el suministro", advirtió un funcionario consultado por Radio Provincia, señalando el impacto que esto puede tener en un contexto de alto endeudamiento de los usuarios.

El proceso de venta se aceleró en las últimas semanas, y fuentes cercanas al Gobierno mencionan a Mekorot, la empresa estatal de agua de Israel, como la principal candidata para quedarse con AySA, junto a socios locales como Daniel Sielecki y Mauricio Filiberti. Sielecki, empresario cercano al oficialismo, y Filiberti, vinculado históricamente al negocio de insumos para AySA, figuran entre los nombres que podrían participar en la adquisición. El sindicato de Obras Sanitarias, liderado por José Luis Lingeri, expresó su apoyo al proceso, destacando que los empleados mantendrán el 10% de las acciones.

La privatización ocurre en un contexto de fuertes aumentos tarifarios y paralización de obras, con cerca de 1700 empleados despedidos en los últimos meses. Críticos del proceso advierten que la experiencia previa de privatización en los años 90 no mejoró el servicio y generó aumentos de tarifas y precarización laboral. Además, la posible participación de Mekorot ha generado controversia por denuncias internacionales sobre su gestión en territorios ocupados y por acuerdos previos en Argentina.

El debate sobre la privatización de AySA refleja tensiones entre la búsqueda de eficiencia y modernización, y la defensa del acceso al agua como derecho humano esencial. Mientras el Gobierno sostiene que la medida atraerá inversiones y mejorará el servicio, sectores sociales y políticos advierten sobre el riesgo de exclusión y el aumento de la desigualdad. El proceso de licitación se realizará antes de fin de año, con adjudicación prevista para 2026, y se espera que continúe generando debate en la sociedad argentina.