El Gobierno nacional oficializó este 7 de agosto de 2025 la disolución de varios organismos descentralizados y la transformación de otros en unidades organizativas dependientes de ministerios, en el marco de un proceso de ajuste y reorganización del Estado. La medida, publicada en el Boletín Oficial, afecta a la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y el Instituto Nacional de Semillas (INASE), cuyas funciones serán reasignadas a distintas áreas del Ministerio de Economía y del Ministerio de Salud.

Según el decreto, la decisión responde a la necesidad de reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal, optimizar el uso de los recursos públicos y mejorar la eficiencia administrativa. El texto argumenta que los organismos eliminados presentaban una estructura jerárquica y funcional excesiva, con superposición de funciones y falta de resultados concretos en la promoción de sectores productivos.

En el caso de ARICCAME, sus competencias en materia de cannabis medicinal y cáñamo serán asumidas por la ANMAT y por secretarías del Ministerio de Economía, diferenciando entre usos medicinales e industriales. El INAFCI y el INASE también verán sus funciones absorbidas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Por otra parte, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) serán transformados en organismos o unidades organizativas dependientes de secretarías, perdiendo autonomía pero manteniendo su denominación para fines de reconocimiento internacional y continuidad de funciones técnicas.

El decreto establece que el personal y las funciones esenciales de los organismos afectados se mantendrán hasta que se complete la adecuación de las nuevas estructuras. Además, se instruye a los ministerios a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias y a garantizar la continuidad de los servicios.

La medida se enmarca en la Ley 27.742, que declaró la emergencia pública y delegó facultades al Poder Ejecutivo para reorganizar la administración pública. El Gobierno sostiene que la reforma es indispensable para reducir el gasto estatal y proteger la sostenibilidad fiscal, sin afectar compromisos internacionales ni la prestación de servicios esenciales. Se prevé que la decisión genere debate en el Congreso y reacciones de los sectores involucrados, especialmente en el ámbito de la agricultura familiar y la industria del cannabis.